Guatemala luce cada vez menos atractiva para la inversión, debido a que no hay respuestas concretas para resolver los problemas estructurales del país, específicamente la inseguridad, la corrupción, la burocracia, la infraestructura y las regulaciones fiscales, a lo que se suman los “criterios de ventanilla” por medio de los cuales algunas personas que atienden en dependencias del Estado, tratan de imponer su propio criterio.

En el último informe de Competitividad Global 2013-2014 del Foro Económico Mundial, Guatemala bajó tres puntos al pasar del lugar  83 al 86, entre 148 economías evaluadas y 119 variables.

El índice denota la caída de la calificación del país en términos de competitividad ante otros países centroamericanos especialmente, porque aún no se atacan de raíz los problemas de crimen organizado, violencia, calidad de la educación y focos de corrupción en las instituciones del Estado.

El país mejoró su evaluación en comparación al año 2012, sin embargo la introducción de dos nuevos países en el informe –Túnez y Turquía– y esfuerzos más acelerados por parte de otros países hicieron que Guatemala descendiera tres posiciones en el ranking, respecto a la evaluación anterior. 

Según el Informe, en el último año Guatemala mejoró la transparencia en la formulación de  políticas, la penetración de telefonía celular y la disponibilidad de personal capacitado. Otras ventajas competitivas son las bajas restricciones al comercio internacional, buenas relaciones laborales, disponibilidad de servicios financieros, absorción tecnológica, y la disponibilidad y calidad de los proveedores locales.

No obstante, todavía hay serias dificultades en problemas fundamentales  del país. Los factores más problemáticos para hacer negocios en el país son la seguridad –a diferencia de años anteriores, en esta ocasión solo Guatemala en América Central presenta ese factor en el primer lugar–, la corrupción, la burocracia, la infraestructura y las regulaciones fiscales.

CIERRE DE EMPRESAS

En cualquier país que tenga una economía de mercado, se conoce que una empresa puede quebrar y cerrar. En el caso de Guatemala, Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala, Fundesa, precisa que es fundamental la aprobación de una “ley de quiebras” para poder regular el proceso de pago, especialmente las prestaciones a los trabajadores cuando se cancelan operaciones; porque muchas empresas cierran y dejan desprotegidos a los trabajadores no existen mecanismos que regulen estos procesos de cierre.

“El dato de las empresas que cierran no existe porque no se cuenta con una ley de quiebras. Aquí las empresas pueden cerrar y no necesariamente el Registro Mercantil se va a dar cuenta. Se dan cuenta hasta que cierran el local, pero estas empresas pueden seguir declarando que no hay ingresos porque no hay una forma de darle seguimiento cuando una empresa cierra. Puede ser que cierran el local pero la sociedad anónima sigue activa y luego solo se venda la sociedad anónima y se empieza a operar bajo otro nombre”, señala Zapata.

El cierre de empresas se cree que es una parte inherente al juego empresarial. Las estadísticas en Estados Unidos hablan que pasados cinco años, el 95% de las empresas ha quebrado y solo el cinco por ciento sobrevive los primeros 5 años. Por lo tanto, el cierre de empresas es algo que se está dando de manera constante en la región y Guatemala no es la excepción.

No obstante, para el ministro de Economía, Sergio de la Torre, en Guatemala no se han cerrado empresas durante el presente año porque todas están operativamente funcionando. Para el funcionario, puede que ciertas empresas solo “estén en papel” pero indica que esto es normal en una economía como la nuestra: “donde unas cierren y otras abren”.

“Lo que sí puedo comentar es los temores que tenemos si no se saca una nueva ley de inversión y empleo. Tenemos una responsabilidad ante la Organización Mundial del Comercio de quitar algunos incentivos fiscales que están diseñados solamente para exportar. La responsabilidad que tenemos para la OMC es de desmantelar o quitarle el beneficio del Impuesto sobre la Renta a las empresas que están bajo el 29-89 de zonas francas y que están dedicadas exclusivamente a exportar”, explicó.

INCONSISTENCIA FISCAL

El ministro de Economía, Sergio de la Torre, insiste en que casi 900 empresas que actualmente invierten en el país, se estarían retirando en 2015 hacia El Salvador u Honduras, si no se busca la forma de competir con estos países y se propician incentivos fiscales a las mismas para una mayor generación de empleos en Guatemala.

Sin embargo, para algunos analistas y expertos en materia tributaria, la tesis de seguir otorgando incentivos fiscales a la iniciativa privada no tiene sustento porque algunos de estos “incentivos a la inversión” tienen una alta repercusión en la recaudación tributaria y los impuestos que se dejan de pagar, sobre todo en algunos como el Impuesto sobre la Renta y el Impuesto al Valor Agregado.

Además, cabe mencionar que el actual Gobierno puso en marcha desde el año pasado un proyecto de reforma fiscal a través de la Ley de Actualización Tributaria, con el cual esperaban recaudar anualmente la suma de Q4 mil millones adicionales a los impuestos que ya pagan los contribuyentes ante la Superintendencia de Administración Tributaria.

En este marco, Carolina Castellanos, directora de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (Amcham), opina que estos cambios frecuentes en regulación de tributos por parte del actual Gobierno hace más difícil para las empresas el poder planificar costos a futuro porque no saben si habrá impuestos nuevos o no. Además, expone que la figura de incentivos fiscales ha sido abusada por todas las administraciones de Gobierno y que no traen ningún beneficio para el Estado.

“Lo que ha pasado con los incentivos fiscales es que hay algunas empresas que abusan de estos incentivos y después resulta que el Gobierno ya no quiere dar más incentivos fiscales porque se está percibiendo menos fondos e ingresos al Estado”, subraya Castellanos.

Finalmente, para la directora de Amcham, otro factor que afecta a la competitividad económica de Guatemala, es que el Organismo Legislativo retrase la discusión y aprobación de iniciativas económicas, como las denominadas Leyes de Transparencia.

SEGURIDAD Y CERTEZA

Dos de los factores más importantes en los que hay que enfocarse respecto a los indicadores de competitividad, especialmente en el Índice de Competitividad Global, es en fortalecer los procesos institucionales para poder reducir el crimen y la corrupción; que son dos de los principales problemas que los empresarios identifican para hacer negocios en el país.

Actualmente, en relación a los costos para la iniciativa privada por el clima de violencia y el poco combate a la corrupción, Guatemala ocupa el lugar 147 de 148 países evaluados a nivel mundial por el ICG 2013.

Según estudios de diferentes instituciones en materia de seguridad, dicen que la iniciativa privada gasta entre 10 y 12% de su presupuesto en contratación de seguridad, lo cual le resta competitividad porque no se alcanzan las exigencias del mercado cuando se está gastando en este rubro.

En el tema de la seguridad, el combate al crimen organizado y la certeza jurídica,  desde el punto de vista de credibilidad del Gobierno a la hora de proporcionar la seguridad física, Fernando López, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala, expresa que los esfuerzos del Gobierno para mejorar la percepción actual no han sido suficientes, a pesar que el principal estandarte del oficialismo en campaña era la “mano dura” y la promesa de un país más seguro.

“Creo que sigue siendo el gran reto del Gobierno; recordemos que era su ofrecimiento principal en campaña. A pesar que se están dando una serie de medidas, todavía Guatemala es uno de los países con mayor índice de criminalidad. Eso, seguro no invita a nadie a venir. Es un reto por el bienestar de los guatemaltecos como ciudadanos, y para la posibilidad de que a futuro se den más inversiones”, manifestó.

López recuerda que para el combate de la corrupción, que alcanza a todos los niveles,  se está proponiendo la aprobación de las leyes de transparencia en el Congreso de la República, las cuales califica de importantes y necesarias para que en el inversionista se genere confianza; y que contribuyan a un mejor control del manejo de la cosa pública y con ello reducir las opciones de corrupción y las posibilidades de los funcionarios corruptos de aprovecharse del dinero de los guatemaltecos.

CONTRABANDO Y ADUANAS SIN CONTROL

El pasado mes de agosto, la vicepresidenta Roxana Baldetti denunció que existe una red de corrupción que cobra comisiones para la liquidación de pólizas y el registro de mercaderías que ingresan en la aduana del Puerto Quetzal. Inmediatamente, se había ordenado la rotación de personal para evitar que continúe funcionando la estructura y a la vez detener la caída en la recaudación tributaria; sin embargo se informó hasta el momento que no hay personas detenidas ni denuncias contra trabajadores.

“El contrabando es una amenaza para todos los negocios locales porque constituye una competencia desleal desde todo punto de vista. Por otra parte, está el mal manejo de aduanas y la corrupción, donde por supuesto, si hay movidas de parte de funcionarios, eso trastorna todos los procesos porque el empresario no las va a aceptar y termina afectando su disponibilidad de materias primas para trabajar”, enfatiza el presidente de la CIG.

Por otra parte, López critica los plazos que lleva el registro de contenedores en aduanas por parte del Ministerio Público, la Superintendencia de Administración Tributaria y la Policía Nacional Civil, pues afirma que cuando normalmente un contenedor entra al país, estos están hasta cinco días después, haciéndolos perder oportunidades de negocios futuros con proveedores.

“Hoy esto nos está sucediendo y eso tiene varios efectos: multas, porque todos los retrasos son multas; y se tienen cinco días para sacar contenedores en aduanas y a partir de los cinco días comienzan a correr multas por los contenedores retenidos. Y dos, la posibilidad de escasez de materiales porque no está circulando a los clientes y se podría correr el riesgo de no entregar a tiempo pedidos y de perder negocios futuros”, finalizó.

De acuerdo con el índice, en Guatemala hay tareas pendientes como mejorar el uso de fondos públicos, una mayor credibilidad en el sistema político, mayor seguridad y credibilidad de la Policía y una mejor calidad de la educación. Además, se debe incrementar la baja penetración de Internet e incrementar la calidad de las instituciones de investigación.