Desde que empezó la escuela latinoamericana de sistematización de los problemas económicos de la región, allá por el año 1949 se hablaba de la denominada “inflación de oferta”, que se caracteriza por los cuellos de botella que tiene la producción, y que conlleva el deterioro del ingreso real de los sectores populares.
Mucha ideología ha habido alrededor del combate de esas ideas, pues se creyó desde los ochenta que: impulsando la economía de mercado, y liberalizando todos los precios, incluyendo las tasas de interés y el tipo de cambio, la espontaneidad de las cosas habría de ofrecer el “bienestar” para todos.
Bajo esa creencia se impulsaron los programas de ajuste estructural, en tiempos de Serrano Elías, cuando el equipo económico que lo acompañó se entregó en cuerpo y alma a las ideas del Consenso de Washington.
Durante esos tiempos muchos apoyamos, en parte, algunas de esas ideas, pues significaban un cambio de estructuras, ante un ambiente económico que estaba como congelado en el tiempo, y merecía de una oportunidad diferente.
Las promesas del ajuste estructural desde un primer momento estaban por el cambio económico y el institucional, recomendando cuerpos rectores, capaces de arbitrar adecuadamente entre los intereses de los particulares y el Estado; sin embargo, cuando llegó la hora de las privatizaciones, la situación se desbordó, en perjuicio de los intereses económicos de grandes grupos poblacionales: y la burda creación de Luca, S.A., para apoderarse de Guatel, junto a la espuria figura del “patrimonio unitario”, mostró las debilidades y los entuertos tropicales del nuevo sistema.
Recordamos así como en tiempos del joven Reyes Mayén, quien fungió como Ministro de Agricultura del gobierno arzuista, se desmanteló todo el sector público agrícola, y los ministros de Economía en tal administración hicieron lo mismo con esa cartera, que dejó de creer en postulados fundamentales como la política industrial.
Todo ello es precisamente la causa principal de las tremendas rigideces de la producción nacional actual, que propicia el monocultivo, la minería y otras actividades extractivas y oportunistas, pero desdeña la seguridad alimentaria, y la búsqueda de un robustecimiento de la producción industrial nacional, a través de una estrategia industrial que no se base en incentivos fiscales, y en promover industrias maquileras de primer estadio, o sea industrias de garaje.
Y la prueba de todo ello la tenemos en la información de los matutinos de ayer que, por ejemplo, nos anuncian un nuevo período estacional de crisis alimentaria de granos básicos, con lo que los funcionarios públicos le piden a Dios, que los acopiadores, todos de ellos privados, porque el sector público brilla por su ausencia, puedan paliar la escasez que se viene.
Y en el plano crítico de la infrasubsistencia y que colinda con la desnutrición, don Luis Enrique Monterroso de la SESAN nos anuncia, muy simplemente, que empezarán a implementar una estrategia, que hasta ahora nadie conoce, y que persigue “la generación de empleo a nivel comunitario, que se trabajará con el Ministerio de Desarrollo Social”.
Valga la presente columna para enfatizar que, sin una política ambiciosa de impulso y estímulo a la producción nacional, muy poco lograremos con medidas repentinas y posteriores, que sólo ayudan a paliar el problema central.