El reciente desalojo de 122 familias que ocupaban la finca Los Pinos, en el municipio de Fraijanes, terreno propiedad del Estado, a cargo del Ejército, coloca nuevamente el tema de la problemática agraria en agenda pública y el uso de las fuerzas represivas del Estado para resolver dichos problemas.
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Según el Comité de Unidad Campesina (CUC), en este hecho aproximadamente 150 efectivos antimotines del Ejército llegaron al lugar y, aparentemente sin orden judicial, desalojaron a las familias.
En este año se han registrado varios enfrentamientos entre los pobladores que exigen acceso a la tierra y las fuerzas de seguridad que son destacadas para efectuar los desalojos, donde generalmente se tienen quejas de abuso de autoridad y participación en las acciones de miembros del Ejército de manera ilegal.
Inauguración
El gobierno de ílvaro Colom se estrenó en el tema de desalojos en marzo pasado, en el municipio de Livingston, Izabal. Precisamente el 15 del tercer mes, durante un enfrentamiento por esta causa resultó muerto Mario Caal Bolom, hecho por el cual fueron acusadas las fuerzas de seguridad del Estado.
Otro ejemplo es el de la aldea Los Xalpanes, donde vecinos denunciaron abusos, ya que las casas donde moran fueron destrozadas por los agentes de la PNC y el Ejército, quienes efectuaron el desalojo cuando únicamente había menores de edad, los cuales fueron detenidos y trasladados a la comisaría del lugar.
Generalmente los sitios invadidos son propiedad privada y quienes los ocupan reclaman la verdadera propiedad de la tierra en disputa. También se registran ocupaciones en terrenos municipales y propiedad del Estado, y áreas protegidas.
Según Sergio Morales, Procurador de los Derechos Humanos, estos hechos violentos continuarán registrándose en la medida que el Estado no responda con una política que atienda estructuralmente el problema. Actualmente existen unas seis propuestas sobre acceso a la tierra, regularización y desarrollo rural integral, que son discutidas en dos mesas de diálogo instauradas por este gobierno.
Por ocupaciones en áreas protegidas, la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente ha solicitado a las fuerzas de seguridad, sólo en este año, ocho desalojos, de los cuales cinco han resultado «exitosos», según Noé López, titular de la unidad.
En la Sierra del Lacandón se efectuaron tres desalojos en la comunidad Pollo Solo, Nueva Esperanza y Arroyo Macabilero, en el municipio de la Libertad Petén. Durante estos operativos se ha capturado a varias personas: 13 y 4 de las primeras dos aldeas.
En el parque nacional Laguna del Tigre se efectuó un desalojo en el lugar conocido como Yalhá, donde se capturó a cinco personas. Mientras que en el parque Yaxhá se expulsó a una sola familia, con el saldo de una detención.
De acuerdo con el fiscal López, todos los capturados son hombres mayores de edad y en su totalidad han quedado ligados a proceso.
En estos tres lugares, más de 100 familias han sido afectadas. La mayoría de operativos han sido efectuados por fuerzas combinadas entre Policía y Ejército, donde unos 300 agentes y miembros de las Fuerzas Armadas han ejecutado las órdenes de desalojo.