El voto de 2 millones 300 mil 874 guatemaltecos convirtió a Otto Pérez Molina en el Presidente electo que tomará posesión del cargo dentro de poco más de dos meses, cumpliendo así­ con el objetivo que le costó al menos dos campañas polí­ticas como candidato presidencial y una en la que fue parte de la Gran Alianza Nacional. En adelante, como mandatario, deberá enfrentar una serie de retos que pondrán a prueba su capacidad para gobernar, la responsabilidad, probidad e integridad de su Gabinete de Gobierno y la viabilidad de sus planes de trabajo. ¿Podrá afrontar los retos desde la silla presidencial?

El próximo Presidente tiene por delante importantes retos en materia de desarrollo social, gobernabilidad, transparencia, seguridad y calidad de vida para los guatemaltecos, que una vez más acudieron a las urnas para elegir el séptimo presidente de la era democrática.

La forma en la que el Presidente electo y su equipo negocien con el Congreso, el que históricamente ha sido un contrapeso, pero que en los últimos tiempos ha sido más un obstáculo que se libera con asignación de obras, impunidad y tráfico de influencias, es otro de los grandes retos de Pérez Molina.

La deuda polí­tica con el electorado, de carácter histórico, deberí­a tener un alto grado de prioridad para quien llegue a la Presidencia, señalan los analistas consultados por La Hora, quienes consideran que en adelante las promesas, discursos y planes de gobierno tienen que ser puestos en marcha sin ninguna excusa.

Se trata de grandes compromisos, refiere Jonathan Menkos, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), pero advierte que desde la campaña –e incluso desde tiempo antes– los candidatos en contienda ya sabí­an a lo que debí­an enfrentarse de ganar los comicios y considera que ahora su obligación es hacer frente a los problemas nacionales.

De acuerdo con Menkos, para poder cumplir con las promesas de campaña se necesitarí­a incrementar las asignaciones efectivas del presupuesto nacional propuesto para 2012 del 15.2 al 18.5 por ciento del Producto Interno Bruto.

ICEFI, y el Instituto de Investigaciones y Gerencia Polí­tica de la Universidad Rafael Landí­var (INGEP) realizaron un análisis para determinar si los ofrecimientos de la campaña electoral 2011 eran viables financieramente.

De acuerdo con el análisis, en materia de inversión y funcionamiento, el 61 por ciento de los recursos  deberí­a destinarse al fortalecimiento de polí­ticas sociales como la educación, la protección social y ambiental y la salud; otro 29 por ciento deberí­a utilizarse en la mejora de la infraestructura económica –redes de comunicación comercial– y el restante 10 por ciento permitirí­a el fortalecimiento de las polí­ticas de seguridad y justicia, advierte la investigación

“La realidad de las finanzas públicas demuestra que sin un aumento sustancial de los ingresos –reforma fiscal–, el próximo gobierno no podrá concretar sus promesas electorales, e incluso, tendrá dificultades para asegurar el pago de salarios y el suministro de los bienes y servicios más básicos de su función, como la lucha contra la desnutrición infantil, y mucho menos superar los estragos resultantes de diferentes fenómenos climáticos, lo que provocará una mayor ingobernabilidad democrática”, refiere el estudio.

En materia financiera, la negociación de una reforma tributaria, el manejo de los recursos estatales y una estrategia para enfrentar los compromisos de la deuda pública conllevarí­an una estricta agenda fiscal y monetaria en el Ejecutivo, que pondrá a prueba al próximo titular de Finanzas.

Pronto llegará el momento de demostrar si el candidato que ofreció “mano dura” y “cero hambre” podrá cumplir con los retos desde la silla presidencial.

ESTí“MAGOS VACíOS

Entre los principales problemas se encuentra el desarrollo humano y la desgastada economí­a, afectada en parte por factores externos y climáticos, pero principalmente por la inequidad histórica y la desigual distribución de la riqueza, a la que se la ha hecho frente con programas asistencialistas y de corto plazo.

Las estimaciones oficiales refieren que más del 50 por ciento de los 14,7 millones de guatemaltecos vive en situación de pobreza y de esos, el 15 por ciento se encuentra en una situación de pobreza extrema, aunque las cifras podrí­an ser aún mayores.

De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para la Infancia, la pobreza deriva en desnutrición y eso afecta principalmente a los niños, niñas y adolescentes, a quienes debe prestarse una atención urgente, pues se estima que más de la mitad de los menores de edad padecen de algún tipo de desnutrición.

Rolando Yoc, de la Procuradurí­a de Derechos Humanos, considera que el combate a la pobreza y la situación económica desfavorable de la mayorí­a de las familias, así­ como los problemas que de ésta se derivan, deben ser atendidos con medidas urgentes.  “Es un problema estructural e histórico, y por eso se necesita de polí­ticas y proyectos que combatan el problema a fondo (…) más que medidas asistencialistas, se debe contemplar una serie de acciones que garanticen el bienestar de las mayorí­as en el corto y largo plazo”, advierte.

En cuanto a la desnutrición, Yoc señala: “Se necesitan medidas concretas en los próximos seis meses, que empiecen a dar resultados cuanto antes. Pero no hay que descuidar los proyectos de largo plazo, porque lo importante es acabar con las causas estructurales de la pobreza”.

La administración y fortalecimiento de los programas sociales con orden financiero y transparencia es hasta ahora una deuda que deberá encarar el Presidente, así­ como el equipo de trabajo que designe para su dirección, pero más importante, según Yoc, es que se busquen soluciones de fondo.

VIOLENCIA SOCIAL

En cuanto a la seguridad, existen dos misiones: seguridad nacional, que implica el combate al narcotráfico y otras amenazas externas, y por otro lado, la lucha contra la criminalidad interna y la impunidad.

Para Mario Polanco, director del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), el nuevo gobierno va a encontrar una situación “caótica” en el momento que asuma, que se evidencia con un promedio de 14 muertes violentas diarias y altos í­ndices de inseguridad a partir de las actividades de grupos criminales, además de los í­ndices de impunidad que rondan por el 95 por ciento.

“Hay que recordar que durante la gestión gubernamental actual ha habido ausencia total de polí­ticas públicas en materia de seguridad, de hecho durante la gestión gubernamental actual se ha visto a la Policí­a Nacional Civil prácticamente como un “botí­n” que ha servido para que se enriquezcan algunos funcionarios o para beneficiar programas polí­tico-electorales”, señala Polanco.

La seguridad estratégica para encarar al crimen organizado y el narcotráfico, más allá de la incautación de drogas y la implementación de programas de seguridad social preventiva y apoyo al sector justicia, deberí­an ser una prioridad, considera el director del GAM

“El nuevo gobierno tendrá que enfrentar la creación de una polí­tica de seguridad, porque de lo contrario quien pagará las consecuencias, dada la debilidad en que está ahora, será el pueblo de Guatemala”, insiste Polanco  

DESARROLLO HUMANO

En cuanto al tema de educación y salud, para Luis Linares, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), es necesario ofrecer una “efectiva” gratuidad y atención a los programas de asistencia hospitalaria.

“En materia de educación, el principal reto es la calidad de las instalaciones educativas y del equipamiento de las escuelas, porque están en un estado deplorable e igualmente hay un déficit y retraso en el abastecimiento de los insumos escolares y refacción, porque el gobierno dio la cobertura del acceso gratuito, pero no estaba preparado o no previó lo que era el costo mayor de todo el tema de infraestructura y equipamiento”, explica.

“En el tema de salud, la verdadera debacle de la red hospitalaria y el abastecimiento de medicinas y de otros equipos, insumos necesarios para el funcionamiento del hospital y de los centros de salud, consultas externas, porque también eliminaron los cobros que habí­a a través de patronatos, pero ahora los hospitales no tienen medicina, solo dan receta a los pacientes pero no hay medicamento”, agrega.

Linares es crí­tico de las polí­ticas actuales, pues considera que “no se tradujo esa gratuidad de los servicios en un beneficio para la población, eso requiere más recursos, pero también más controles, ya que muchos recursos se pierden por la corrupción o por la falta de entrega de medicina en caso de hospitales, y libros y cuadernos en el caso de educación, se arruinan antes de llegar a manos de los escolares o pacientes”.

Los conflictos sobre la propiedad de la tierra, las consultas comunitarias sobre megaproyectos, así­ como el uso de los recursos naturales serán otros temas sobre los que incidirá la próxima administración de gobierno.

NEGOCIACIí“N POLíTICA

ílvaro Pop, analista independiente, considera que “hay que reconocer que (…) estamos pasando de un sistema presidencial a un sistema semiparlamentario, porque el Congreso está adquiriendo una fuerza enorme a veces mucho más grande que la del Presidente, lo que obligará a entablar negociaciones polí­ticas para llegar a acuerdos de nación”.

“El Congreso ya de hecho tiene una fuerza importante que controla el funcionar de los miembros del gabinete de gobierno, controla presupuestos, la definición de la distribución de obras y el manejo en general de los recursos”, refiere.

Con ese ambiente, según Pop, lo que va a encontrar el nuevo Presidente es un control muy grande y una intervención muy alta del Congreso de los asuntos del Ejecutivo, y eso puede ser bueno en el sentido de que haya más auditorí­a de parte del Legislativo y que cumpla su función

Pero tampoco augura que sea fácil, pues así­ como una vez el Presidente electo bloqueó las propuestas oficialistas, a su llegada a la Casa Presidencial podrí­a encontrar un obstáculo al funcionamiento e inmovilizar los procesos de trabajo del Ejecutivo.

*Con información de Areli Alonzo.