Miguel íngel Reyes Illescas

miguelangelreyesillescas.blogspot.com

Centro de Estudios Estratégicos y de Seguridad para Centroamérica (CEESC)

De los gobiernos de la transición, éste es el tercero de las «clases medias y del capital emergente» (Cerezo, Portillo, Colom) en contraste con los tres gobiernos pro-empresariales del capital cupular (Serrano, Arzú, Berger). Pero todos en la perspectiva de dar cumplimiento al consenso de Washington, del ajuste estructural y de la estabilidad «macroeconómica». Sus matices diferenciales han radicado en el limitado énfasis social de los primeros y en el tráfico de influencias y negocios directos para las grandes familias, en los segundos.

Pero la aplicación del ajuste estructural ha sido alambicada y con tropiezos debido a las fracturas sociales que se han exhibido en todos los niveles de la sociedad activa y del Estado, incluyendo en el empresariado y las fuerzas armadas, la organización social, los indí­genas y las izquierdas. Se ha dibujado así­ una creciente dispersión de centros de poder en el Ejecutivo y pérdida de representatividad en el Congreso. Reflejo de las tensiones han sido los partidos y sus clientelismos particularizados, su poca longevidad, la deserción de sus miembros, sus quiebres y descomposición.

El posicionamiento de Colom

Las primeras acciones parecerí­an indicar que el proyecto de su gobierno consistirí­a en dar pasos para tratar de ordenar la administración en el Ejecutivo, equilibrar los intereses económicos y sus reflejos en el Legislativo y atemperar las demandas sociales con resultados focalizados. La tarea no es fácil pero podrí­a tener éxito.

Los eventos principales al inicio de su administración han sido la irrupción de una minicrisis en seguridad y el posicionamiento polí­tico-administrativo para la gestión de gobierno. Las fisuras en su partido y la deuda flotante por su parte se anuncian como los principales obstáculos inmediatos. Menos evidentes son los rasgos que en definitiva adquirirá su gobierno quizá porque todaví­a no han aparecido en la escena los factores del poder real.

Sobre la minicrisis en seguridad, el propio presidente ha suscrito la hipótesis que podrí­a tratarse de reacciones contra las medidas que se están tomando para evitar la corrupción en las aduanas. Quizá una de las razones por las que solicitó la intervención de la CICIG en el caso, sea para encontrar a los autores intelectuales. Las conjeturas periodí­sticas apuntan a militares de baja inconformes con los nombramientos en dependencias de seguridad. Pero lo más probable es que este tipo de minicrisis continúe en distintos momentos bajo la influencia de los poderes reales.

Ahora bien, las medidas que ha tomado para salvar los obstáculos parecieran apuntar en dos direcciones. Por un lado, a ratificar su autoridad en el partido y en el Ejecutivo; y por el otro, a ordenar la administración central buscando equilibrar los intereses y desavenencias internas y con los grupos de presión. La autoridad de la presidencia ha obtenido rasgos de consolidación con los cambios en la Superintendencia de Bancos y con el resultado de la disputa legal del Consejo Nacional de Adopciones. Se sumarí­an sus decisiones para nombrar gobernadores y las tí­midas iniciativas para investigar los negocios irregulares del gobierno de Berger. Pero en las instituciones contraloras, formalmente independientes del Ejecutivo central como el Ministerio Público, aún se encuentran presentes representantes de dichos grupos.

Indicios de sus prioridades son las cinco áreas mencionadas en el documento del primer mes de gobierno que sitúan las realizaciones más tangibles en las transferencias presupuestales, particularmente hacia dependencias de seguridad y programas sociales en el interior. Asimismo, la presentación de iniciativas de ley en el Congreso da otra pista del lugar hacia donde talvez quisiera orientar su gestión, como la Ley de Competencia para regular los monopolios. Guatemala es el único paí­s en América Latina que no ha aprobado una legislación al respecto.

Por la consistencia del programa electoral de gobierno de la UNE, del Plan de los Cien Dí­as y de su informe, así­ como de las argumentaciones de sus principales funcionarios y consejeros se desprende que otra fortaleza puede radicar no sólo en la coherencia técnica de sus planes, sino sobre todo, en su confluencia con las orientaciones de programas de organismos internacionales. Sin embargo, en seguridad, no se percibe un programa estructurado con esa coherencia y con una visión integral y estratégica.

Las cuestiones de fondo

Frente al fracaso del modelo del consenso de Washington para solucionar la problemática social en América Latina y para hacer funcional y menos asimétrica la democracia liberal, ciertos organismos internacionales han comenzado a influir para retomar un papel más activo del Estado en la regulación económica, la planificación pública y la atención social. Si Colom logra los equilibrios y sus polí­ticas se inscriben en esa perspectiva serán mayores las posibilidades para el proyecto que podrí­a estar comenzando a dibujarse.

La interrogante mayor, y en general para dicho modelo en América Latina, sigue situándose en la cuestión social (y en el carácter económico concentrador del modelo mismo). La durkheimiana «cohesión social» como divisa actual de avanzada de dichas polí­ticas podrí­a resultar insuficiente. Es conveniente, pero no basta el traslado y ordenamiento de escasos recursos en determinados programas sociales. Para comenzar, el programa de transferencias condicionadas para combatir la pobreza es uno de los más pequeños de América Latina cuando, por contraste, el paí­s posee el mayor número de indigentes.

Es así­ pertinente la pregunta, ¿hacia donde apuntan los diálogos? En los gobiernos de las «clases medias y del capital emergente» sirvieron para buscar legitimación polí­tica y «orden» público y pocos fueron los resultados tangibles. La «concertación» de Cerezo con la UASP en 1988, la de mayor alcance antes de los Acuerdos de Paz, terminó en total incumplimiento gubernamental. De los múltiples diálogos de Portillo, más especí­ficos y de menor alcance, sólo algunos llegaron a programas efectivos de trabajo y otros de mayor envergadura como el Pacto Fiscal fueron boicoteados en el Congreso y por los capitales cupulares que recurrieron a los recursos de amparo, a tribunales bajo su influencia y a la prensa bajo su control.

También ahora, en estas pocas semanas de gobierno, dichos capitales y simpatizantes han comenzado a utilizar esos dos instrumentos. Los blancos principales han sido y seguirán siendo la primera dama y los acuerdos maestros-gobierno y su dirigente principal. Además, anticipándose a los acontecimientos, la han emprendido contra uno de los abogados más í­ntegros, el magistrado Rodolfo De León Molina, por sus propuestas sobre legislación agraria, sin la menor duda.