El primer asunto se refiere a que el presidente electo tendrá la potestad de nombrar a sus más «cercanos colaboradores, amigos, parientes, correligionarios», en puestos clave de la Administración Pública, independientemente de los méritos y sobre todo la honestidad que tengan. Se repartirán pues los «premios gordos», dentro de los que incluyo (salvando incluso los obstáculos legales que se presenten como ha ocurrido siempre): al Superintendente de Administración Tributaria con un salario cercano a los Q120,000 mensuales (incluyendo dietas, gastos de representación, viáticos y otras menudencias), al Presidente del Banco de Guatemala, con un salario de alrededor de Q130,000 mensuales; al Fiscal General, con un salario de mas de Q85,000; ministros con salarios de alrededor de Q65,000 mí­nimo; Gerente del IGSS, con sueldo de más de Q50,000; magistrados de la Corte Suprema y de Constitucionalidad con ingresos de un promedio de Q65,000 mensuales (aunque sean elegidos en forma, tiempo y modo distintos, pero aún prevalece la figura del «tata presidente» estilo Ubico); y así­ sucesivamente hasta llenar un libro.

Pero aparejado a ello y con fuerte vinculación a estos premios gordos (incrementados por las «movidas» que realizan), está la impunidad que continúa en las estructuras del Estado, que no se refiere sólo a falta de castigo por genocidio, asesinatos o narcotráfico, sino por ejemplo al más abundante: el cohecho, o para ponerlo en términos entendibles: las «mordidas» a granel que se dan con mayor número e incidencia en las aduanas dirigidas por la SAT que cada vez pone más trabas para exportar o importar, echándole el ojo a los empresarios y no a sus empleados, muchos de los cuales son «ladrones con licencia para robar» gracias a la discrecionalidad de que gozan; o los jueces y oficiales de tribunales o investigadores y auxiliares de fiscales del MP; a los elementos de la PNC; a los auditores de la SAT y la Contralorí­a; a los burócratas que tienen a su cargo tramitación de expedientes de diferente í­ndole, etcétera, etcétera y etcétera. Como siempre, insisto en que no son todos, pero si lo son muchos.

Los señores candidatos al hablar de impunidad, que espero ya sus asesores los hayan ilustrado sobre lo que significa, también deben entender que no se refiere únicamente a los que cometen crí­menes mayores, sino también a los ladrones que se esconden detrás de cada nueva disposición que a algún brillante tecnócrata se le ocurre emitir y que es otra puerta abierta para que «discrecionalmente» cualquiera pueda pedir «aunque sea para las cheves».

Hasta el momento no he escuchado a ningún candidato decir con claridad qué hará para enfrentar esa impunidad enraizada en el Estado, ni encuesta que se refiera a ello, ni politólogo, sociólogo, analista, entrevistador, periodista, columnista, editorialista que analice y priorice atacar esta célula cancerosa que también destruye a las instituciones y aniquila la moral ciudadana.