El sistema republicano se fundamenta en que la soberanía radica en el pueblo que, para su ejercicio, la delega en los Organismos del Estado que se conocen también como poderes del Estado. En democracia, esa delegación es resultado del mandato que se genera en las urnas, pero ya sabemos que en Guatemala no existe siquiera noción del mandato y cada funcionario actúa por la libre, con un cheque en blanco, luego de haber recibido los votos que legitiman su función.

Cuando vemos lo que ocurre con el Organismo Judicial y el Organismo Legislativo, presas ambos de la incapacidad para trabajar y cumplir sus funciones por el ejercicio de una politiquería que rompe con cualquier noción de ejercicio de la soberanía popular, tenemos que entender las debilidades de nuestro sistema político porque al final de cuentas en ambos poderes, y también en el Ejecutivo que se ha convertido en el gran operador de negocios pero sin capacidades para cumplir con sus fines y obligaciones constitucionales, empezando por la que obliga al Estado a garantizar la seguridad de las personas y el derecho a la vida, lo que prevalece es el interés sectario sobre el interés general y de esa cuenta se trastoca el sentido mismo de la razón republicana.
 
 En el Organismo Judicial los 13 magistrados no se pueden poner de acuerdo para elegir al Presidente para este último período de su mandato, puesto que prevalece el interés que hay de grupos de poder paralelo para ejercer vital control de las Comisiones de Postulación y encontraron la fórmula mágica en ese entrampamiento porque afirma al grupo minoritario en una posición de privilegio. Efectivamente, la presidencia temporal del magistrado Erick Álvarez, quien es parte del grupo que tiene apenas seis votos, significa que ellos, aún sin tener la mayoría necesaria, controlarán el proceso de postulación para el cargo de Fiscal General que se convierte en pieza clave del esfuerzo de los poderes ocultos para terminar con la llamarada de tusa que pudo haber sido el esfuerzo en contra de la impunidad en el país y que encontró en el Ministerio Público un aire con remolino.
 
 En el Congreso se preparan los cheques para lograr la aprobación de los préstamos que necesita el gobierno para salir del atolladero fiscal y cumplir a financistas con pagos programados para los que no hay recurso. Entre los diputados los acuerdos se producen cuando suenan las fichas y punto. No hay nunca interés por legislar en beneficio de la población y apenas cuando hay tráfico de influencias se puede alcanzar el acuerdo entre las diferentes bancadas.
 
 Y en el Ejecutivo se actúa con base en el único compromiso que honran nuestros políticos, es decir, el pago de la deuda con los que dieron el dinero para financiar la campaña política. El pueblo puede quejarse por la falta de programas de seguridad ciudadana, puede sufrir por la ausencia de políticas integrales de salud y lamentar la ausencia de efectivos planes de educación que apunten a romper con moldes que son causantes de las deficiencias que nos colocan a la zaga en temas elementales como comprensión de lectura y las matemáticas. Lo que importa es el negocio, la forma en que se puede usar el recurso público para beneficio propio de los funcionarios y para cumplirles a los financistas.
 
 Vivimos en un país que ha aprendido a vivir sin autoridades dignas de tal nombre, sin poderes del Estado que cumplan eficientemente con sus fines y obligaciones. Cada quien va saliendo como puede, sobreviviendo en medio de la selva creada por la impunidad y a estas alturas ni se siente que tengamos un Congreso paralizado, una Corte incapaz de elegir a su Presidente y a un gobierno más ocupado en el negocio que en el servicio.