Dice Mancur Olson, el gran teórico de la Acción Colectiva, que las minorías con intereses particulares nos suelen ganar a quienes somos mayoría, perseguimos muchos fines al mismo tiempo y, lo que es peor, estamos poco organizados. Esa es la apuesta que persiguen diversos grupos que operan en ámbitos ocultos y que se encuentran pensando las veinticuatro horas del día cómo generar pisto bajo el lema de que “el fin justifica los medios”.
De acuerdo a lo que viene sucediendo con asuntos cruciales del interés público, se observan los altos niveles de organización que tienen grupos irregulares que se encargan de contrabandear, defraudar al Estado, falsificar documentos y demás actividades que son propias de la denominada “Economía Subterránea”, y que son el enemigo número uno del Estado de Derecho y de la competencia sana.
Se ha observado en las últimas semanas un cúmulo de hechos delictivos vinculados a importantes áreas de la esfera estatal, y que tienen que ver con el consentimiento del contrabando, la falsificación de documentos vitales para nuestra ciudadanía, la defraudación fiscal y otros no menos importantes.
Con la ayuda del Ministerio Público y el propio Ministerio de Gobernación se ha revelado un verdadero organigrama del crimen en materia de contrabando: en la cúspide aparece un señor de apellidos Massis Massis, acompañado de otro de apellido Hernández en la cabeza de una estructura que incluye a coordinadores, colaboradores, facilitadores y otros implicados. Aparecen incluso las caras y los nombres de servidores públicos en donde sobresale la del señor Mario Alfredo Jiménez, administrador de la SAT en Melchor de Mencos.
Y como si ello fuera poca cosa, como para Ripley, se descubre otro “organigrama del crimen” relacionado con la falsificación de pasaportes, liderado por el señor Arnoldo Miranda, quien es nada más y nada menos que el Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Dirección General de Migración.
Llama la atención el organigrama que diversos medios informativos publicaron en relación a la gavilla que acompaña a Miranda: delegados de Migración, tramitadores, auxiliares del Renap e incluso la Registradora Civil del Renap, doña Wendy Botello.
En este último affaire, es de advertir claras líneas de responsabilidad de las más altas cabezas del Ministerio de Gobernación, de Aeronáutica Civil, el Renap y otras. Y concluimos de tal manera porque cualquier texto básico de teoría administrativa reza que: “la responsabilidad no se delega, tan sólo se comparte”, y es entonces cuando en el gobierno de las organizaciones la cabeza es la que siempre paga el pato.
Y ojalá que no nos vengan algunos con el cuento que “hay que privatizar” y “concesionar”, porque también la concesión de la Empresa La Luz, que se encargó de los pasaportes tiene a varias personas en la cárcel, incluyendo un exgerente.
La forma en que todos estos grupos operan detalla altos niveles de organización y movimiento, que supera con creces a la anarquía y desorganización que existe al interior de estos ambientes institucionales, en donde la rotación, las fallas en el reclutamiento, y la escasez de toma de decisiones con visión de largo plazo y con apego a la profesionalización de la carrera pública, reproduce esos organigramas del ilícito coyotaje chapín.