El día de ayer jueves el repudiable atentado en contra de las hermanas Karla Daniela y Nancy Paola, ambas de apellidos Oscal Pérez de 17 y 14 de años de edad nos mostró el largo, nuevo y amargo alcance que tiene la extorsión en Guatemala.
Las jóvenes Oscal Pérez se dirigían, como todos los días, a las instalaciones del Instituto Normal para Señoritas Centroamérica (INCA), centro educativo en el que cursaban sus estudios de nivel medio, cuando fueron atacadas a balazos, en un ataque directo y con alevosía por individuos que se conducían en motocicletas y quienes en plena certeza de impunidad, las detuvieron, y según algunas versiones las obligaron a arrodillarse y posteriormente a quemarropa abrieron fuego en contra de ellas, causando graves heridas a la mayor, quien falleció posteriormente a consecuencia de las mismas en el Hospital Nacional San Juan de Dios, lugar en donde aún convalece su hermana gravemente herida también en el atentado.
De conformidad con las primeras noticias de prensa, la directora del mencionado centro educativo recibió, con posterioridad a los hechos, una llamada anónima, por medio de la cual le exigían la entrega de diez mil quetzales a cambio de que no sucedieran nuevos hechos de sangre en el INCA, como el ya referenciado.
Hoy luego de los hechos y su trágica cauda, descubrimos que asistimos al lanzamiento de una nueva forma de extorsión que se basa en los mismos principios que han segado la vida de innumerables pilotos del transporte colectivo, la amenaza, el cobro y el pago o la vida. Por supuesto no se puede decir que este o aquel grupo, hablando de estudiantes y pilotos, al que se le extorsiona, merece mayor o menor apoyo, todos son víctimas de la suma de dos factores en la mente de los delincuentes, el absoluto irrespeto por la vida y una ambición ilimitada que no advierte ni encuentra sentido de conciencia humana y más hace parecer a los victimarios animales salvajes que simplemente matan para sobrevivir.
En todo caso y fuera de mis pobres apreciaciones psicológicas, no cabe duda que toca hacer un frente común para combatir este flagelo a la sociedad, ni el gobierno puede darse el lujo de escatimar esfuerzos o buscar negocios en implementar medidas de seguridad, ni los partidos de oposición pueden agarrar de bandera política estos lamentables acontecimientos. La sociedad entera debe demandar esa unidad y las medidas que permitan encontrar seguridad y justicia para que aquellos que resulten responsables de extorsiones y de muertes en pos de ellas, de manera tal que sufran el mayor de los castigos.