Me impresiona la actitud del Presidente al insistir en negar la información necesaria para fiscalizar el uso de los recursos en los programas de cohesión social, porque ello compromete seriamente el futuro de lo que presenta como el proyecto consentido de su gobierno. El argumento de que los que reciben 300 quetzales de transferencias pueden ser víctimas de los criminales si se divulgan sus nombres es en realidad infantil porque la cantidad que se les asigna es sumamente baja y no convierte en potentado a nadie ni aumenta el riesgo que ya sufrimos todos los habitantes del país por la ola delincuencial.
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Pensando con cinismo en la forma en que manejan el programa, pienso que sería inteligente que el Gobierno bajara el perfil de la primera dama al asignarle al Vicepresidente la coordinación del esfuerzo, sabiendo que de todos modos los ministros y cualquier funcionario seguirían haciendo caso a la esposa del Presidente y no al pintoresco segundo de a bordo. La señora de Colom no necesita de una designación especial para ser la principal autoridad en cuanto al destino de los fondos de los programas que se han impulsado, puesto que la experiencia demuestra que más que las jerarquías establecidas en normas, los funcionarios se guían por el sentido común y cuando saben quién manda en verdad, atienden sus instrucciones aunque un acuerdo asigne a alguien más la responsabilidad.
El caso es que veo un serio riesgo para el futuro de esas ayudas que están recibiendo las familias más pobres del país porque se observa que hay determinación de atacar al Gobierno por el flanco que presenta la falta de informes detallados sobre la manera en que están utilizando esos recursos. La historia nos muestra que cuando la llamada opinión pública se vuelca en contra de alguien o de programas específicos, tarde o temprano se crea un ambiente totalmente adverso que termina haciendo daño, sea porque se hace fracasar los proyectos o simplemente porque se minan mediante las campañas insistentes en su contra.
Yo personalmente considero que era necesario que en Guatemala algún gobierno asumiera la responsabilidad de atender el problema de la pobreza con una visión que asumiera la urgencia de la asistencia pública, porque hemos visto cómo la hambruna afecta a comunidades enteras y de nada sirve después el malestar de la gente cuando ya el hambre cobró varias vidas. Y todos sabemos que los casos más paradigmáticos de hambruna del país no son hechos aislados, sino que responden a una estructura de marginación y abandono que afecta a muchas comunidades a lo largo y ancho de la geografía patria. Sabiendo eso, la decisión de atender a los municipios más pobres es incuestionable, pero para que esa atención persista y sea en realidad productiva para sus beneficiarios, se impone que el Gobierno abandone la concha en que se ha metido para evitar el traslado de información.
Aun con las deficiencias tremendas que hay en fiscalización, bastaría con que se proporcionaran datos al Contralor y a las comisiones del Congreso que velan por la probidad. El caso es que alguien tiene que funcionar como contrapeso para que el sistema funcione y mientras el Presidente se aferre a la negativa a transparentar los programas, los estará condenando o por lo menos comprometiendo lo suficiente como para dañar a la población más necesitada.