Al hablar del desprestigio del Congreso y del problema de los 82 millones, el doctor Gustavo Porras dice que se ha sobredimensionado el tema al achacar la responsabilidad a todo el Congreso cuando ese tema tiene nombres y apellidos. La verdad es que al día de hoy no aparecen los nombres y apellidos de quienes tienen ese dinero y eso convierte al organismo en responsable por la desaparición del dinero del pueblo, ya que no era dinero del Congreso de la República ni de los diputados, sino de los contribuyentes.
Creemos que es cierto que dentro de la persistente campaña para destruir al Estado y a todo lo que huela a público, no digamos político, se han dirigido extraordinarias baterías contra el Organismo Legislativo que, justo es decirlo, se presenta a sí mismo como el más vulnerable de todos por su misma naturaleza y conformación. La idea de que los medios exacerban el sentimiento contra los diputados es parcialmente cierta, porque no se puede ocultar que hay medios con una agenda clara y concreta de compromiso con poderes fácticos para ese ataque al Estado, pero negar que el Congreso y sus diputados se encargan de proveer de municiones es querer tapar el sol con un dedo.
Mientras el Congreso no logre el reintegro de los 82 millones, ese lastre pesará sobre el organismo y sobre sus integrantes porque al fin de cuentas los ciudadanos tenemos perfecto derecho a exigir que se esclarezca quién se embolsó ese dinero. La patraña de que los recursos se perdieron en malas inversiones no puede defenderse bajo ningún punto de vista porque ese dinero se lo robaron y está a buen recaudo en cuentas personales. En eso sería importante que el Congreso ayudara a dar los nombres y apellidos de quienes tienen el dinero, porque Meyer se lava las manos y mientras menor responsabilidad quiera asumir mayor es la que tienen que compartir el resto de diputados.
Una institución como el Congreso no se puede desprestigiar sólo como producto de una campaña mal intencionada. Por supuesto que la campaña ayuda, pero sin elementos sustantivos que lo permitan toda campaña terminaría evidenciándose como falsa. Creemos en la institucionalidad y la democracia, pero los políticos no sólo tienen que explicar coherentemente las funciones institucionales, sino acompañarlas de acciones que lo corroboren.
Y en el caso del Congreso, cierto es que la reforma a la ley orgánica es un paso adelante y la aprobación a la ley de acceso a la información también ayuda. Pero la tarea pendiente es inmensa y ojalá que no se atengan en justificaciones que achacan todos los males a los medios.