Aunque la atención sobre el proceso legal se ha centrado en Eduardo Meyer y Rubén Darío Morales, ambos ex presidentes del Legislativo, tres diputados y dos funcionarios más también tienen un proceso penal abierto por el multimillonario desvío de Q 82.8 millones de los fondos del Congreso.
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Arístides Crespo Villegas, presidente del Congreso; Pablo Duarte Sáenz, segundo vicepresidente, y Luis Fernando Pérez Martínez, diputado por el Frente Republicano Guatemalteco (FRG) fueron denunciados por el abogado Víctor Molina Franco. Carlos Mencos, contralor general de Cuentas y María Antonieta de Bonilla también fueron denunciados en el Organismo Judicial (OJ).
Los antejuicios contra Meyer y Morales se encuentran en la fase final, sin embargo, las otras denuncias por ese caso aún se encuentran en trámite en la Cámara Penal, ya que no se ha asignado Juez Pesquisidor para esas investigaciones.
Politización
Luis González Dubón, Representante Legal de la Liga Pro Patria, opinó que el OJ demuestra su «politización», al dar prioridad a cierto tipo de procesos.
«El problema en medio de esto es la politización del OJ, porque no es un ente independiente y los vaivenes se reflejan en la actitud de los magistrados», declaró y enfatizó que «si no tienen independencia (los magistrados), todas las resoluciones van a tener tinte político».
El entrevistado estima que la raíz de lo que consideró un «problema», viene desde el nombramiento de los magistrados, ya que el mismo depende de los parlamentarios.
«Esto se ve en este caso por tratarse de funcionarios de ese tipo, pero esa politización ha sido siempre y seguirá mientras no se cambie el sistema», comentó, y recomendó que «hay que darles independencia y no ser designados por el Congreso».
Hiram Sosa, abogado del Frente por la Dignidad Nacional, declaró que esa entidad interpuso una demanda contra María Antonieta de Bonilla, presidenta del Banco de Guatemala y contra Willy Zapata, ex Superintendente de Bancos; dos días antes de que el Partido Patriota denunciara a Meyer y Morales, sin embargo, hasta ayer; el Ministerio Público no los había citado a declarar.
Luis Fernández Molina, presidente de la Cámara de Amparos y Antejuicios, ha manifestado que todas las solicitudes de antejuicio aún se encuentran en proceso de análisis.
Los siguientes diputados tienen solicitud de antejuicio por el desvío de Q82.8 millones del Congreso a Mercado de Futuros:
Arístides Crespo Villegas, presidente del Congreso.
Pablo Duarte Sáenz, segundo vicepresidente.
Luis Fernando Pérez Martínez, diputado del FRG.
Carlos Mencos, Contralor General de Cuentas.
María de Bonilla, presidenta del Banco de Guatemala también enfrenta una demanda por la anómala transacción en el Congreso.