Contrario a lo que se aparenta, entre diputados, los principales consensos y acuerdos que determinan la agenda legislativa no se alcanzan en el pleno, en las sesiones de las comisiones o en la instancia de jefes de bloque, sino en reuniones privadas fuera de las instalaciones del Congreso.

Esta práctica, tan antigua como frecuente en la actualidad, es una de las que deja más interrogantes sobre la transparencia y validez de la representatividad de los legisladores guatemaltecos.

La imagen que la mayoría de los ciudadanos tiene del Organismo Legislativo corresponde a diputados, con micrófono en mano, entre las curules discutiendo acaloradamente por leyes, interpelando a funcionarios en pleno hemiciclo o alzando la voz y avergonzando a sus enemigos políticos.

Sin embargo, esa solo es una faceta visible del Congreso, porque las verdaderas decisiones de trascendencia, así como los pactos, acuerdos, desacuerdos y negocios dependen de reuniones privadas –celebradas en restaurantes hoteles u oficinas–, adonde no tienen acceso los ciudadanos ni los medios de comunicación.

Un ejemplo de esta situación fue la reciente definición de las presidencias en las 47 comisiones legislativas de trabajo, que aparentemente se concretaron en aproximadamente tres días de trabajo dentro del hemiciclo, pero en realidad se negociaron con más de un mes de anticipación y solo después de una serie de pactos se alcanzaron acuerdos públicos frente a la ciudadanía y ante las cámaras de la prensa.

En otros países los gobernantes aplican el “lobby político”, el cual está incluido en el presupuesto del Estado; estas reuniones también están reguladas en el marco de la ley y son transparentadas con grabaciones y presencia mediática. Empero, en Guatemala, las actividades de negociación se mantienen en secreto, al menos, las que de verdad tienen impacto en la política.

De esta situación surgen diversas interrogantes, pero la más aguda es: ¿qué tienen que esconder los representantes parlamentarios del pueblo al que representan?

¿NEGOCIACIÓN O CORRUPCIÓN?
Como las reuniones importantes de los diputados se realizan a “puerta cerrada” no existe claridad sobre lo que se discute en ellas, aunque sí existen especulaciones de lo que se ofrecen entre los representantes políticos para alcanzar una agenda común o pactar acuerdos en torno a puestos, citaciones o interpelaciones.

El analista de Acción Ciudadana, David Gaitán, asegura que si en las reuniones se ofrece dinero u otros beneficios a cambio de que, por ejemplo, se apruebe una ley o se evite una interpelación “no se puede decir que son consensos y acuerdos. “Eso es corrupción”, sentencia.

Por aparte, el diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Mario Taracena, señala que esta situación se debe a que ya no existen “verdaderos políticos” en el Congreso y ahora se trata de “mercaderes” que ocupan las curules.

El legislador afirma que este tipo de negociaciones siempre se han dado en el Organismo Legislativo e incluso admitió que ocurrieron durante el gobierno legislativo de la UNE, cuando –según él– los mismos miembros de la bancada uneísta lo “extorsionaban” para que les otorgara obras o permanecieran en la lista electoral de su partido en las siguientes elecciones.

El diputado asegura que en esta clase de negociaciones se juegan intereses “muy grandes” y agrega que el presupuesto es el principal elemento que se utiliza para hacer efectivo los pagos de dichos negocios, aunque de esa forma también se pactan puestos clave en instituciones públicas y obras grises.

El diputado Amílcar Pop explica que en el Congreso existe la oportunidad para que se pueda llegar a consensos y es por eso que existen asignaciones al fondo rotativo de las comisiones de trabajo y de la instancia de jefes de bloque, en las que se esperarían discusiones de alto nivel para trabajar por la agenda del Congreso, pero eso ocurre solo en pocas ocasiones.

Por ello, Pop sugiere que se deben separar dos temáticas: Una es el pleno y las banderas partidistas, y otra son los poderes fáctico-económicos “que compran y venden políticos y los reciclan”.

En la misma línea, el congresista considera que el sector empresarial es el principal responsable de las negociaciones anómalas que se realizan en el Congreso. “Los empresarios no se prestan a la corrupción, los empresarios corrompen”, señala.

Los empresarios son los que patrocinan la campaña electoral de los políticos y por lo tanto los diputados posteriormente se ven obligados a pagar por sus cargos, ya sea mediante la aprobación de leyes que beneficien a su patrocinador u otorgándole el proyecto de las obras a la empresa de su financista de campaña, advierte Pop.

Muchas veces, “son pactos que se hacen desde  la campaña electoral”, manifiesta. Durante mucho tiempo  se ha debatido acerca del financiamiento que hacen los empresarios y diversos grupos de poder con capacidad económica y los efectos que eso tiene en la democracia.

EL NEGOCIO PERFECTO
Un caso que ejemplifica las negociaciones realizadas afuera del Congreso fue el pacto que permitió la aprobación del Presupuesto General para el año 2013 en tiempo récord y como una “emergencia nacional”.

Durante este proceso, diputados del Partido Patriota (PP) y sus aliados mantuvieron un intenso cabildeo afuera del Palacio Legislativo.

Entonces trascendió que los diputados oficialistas, así como los de la Gran Alianza Nacional, Todos, Visión con Valores, Partido Unionista, el bloque legislativo Mi País y Unión del Cambio Nacional se reunieron en la sede de la Fundación Alejos, en la zona 10 de la Ciudad de Guatemala.

En esta reunión se pactó apoyar al PP para aprobar el presupuesto a cambio de que las bancadas aliadas del oficialismo fueran las principales beneficiadas en el listado geográfico de obras, es decir, que tuvieran a su disposición el control de “obras grises” que se distribuyen en el país para beneficiar a contratistas y distritos específicos.

No existen dudas de que recurrentemente en las reuniones privadas ocurren actos de corrupción, pero Gaitán asegura que para comprobar ese tipo de acciones son necesarias pruebas y eso es, justamente, lo que se busca evitar con las reuniones privadas, que suelen realizarse lejos del Congreso.

El problema siempre serán las pruebas, dice el analista, y agrega que para conseguirlas la Contraloría General de Cuentas (CGC) y el Ministerio Público tendrían que ser eficientes y demostrar suficiente independencia para evitar que intereses políticos interfieran en las investigaciones.

El analista añade que mientras se siga teniendo instituciones débiles no se podrán probar los evidentes actos de corrupción en altas esferas de políticas, como son los diputados. “Seguirá siendo una tarea difícil”, señala.

EL PESO POLÍTICO
En el Congreso, integrado por 158 diputados, la fuerza política se concentra en el oficialista PP, con 60 congresistas y su contraparte opositora Libertad Democrática Renovada (Lider), con 36 representantes.

Los otros bloques con mayor número de legisladores son TODOS, con 16; la Gran Alianza Nacional (Gana), con 12; Compromiso Renovación y Orden (Creo), con ocho y por último la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), con siete.

Luego están los grupos minoritarios, con cuatro o menos integrantes y los independientes, que tienen una agenda individual.

Aparte de la oficialista y la de oposición, las demás bancadas pueden ejercer su peso y presencia en el Congreso solo si se unen, ya sea entre minoritarias, o si se adhieren a la bancada oficial o a Lider.

Es a partir de esta unión que se miden fuerzas y se desarrollan negocios en el Organismo Legislativo.

EL PROBLEMA Y LA SOLUCIÓN
Marco Antonio Barahona, director del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep), indicó que se trata de un problema estructural que radica en la debilidad de las instituciones políticas.

Los diputados no ven su función como un ejercicio de representación popular, sino que realmente trabajan como representantes de un sector específico, en función de intereses particulares.

Barahona considera que esto es también causa de la desigualdad de poderes que existe en Guatemala, ya que el predominante está dirigido por el empresariado de todo tipo.

Taracena asegura que ya existe una solución para el problema de corrupción que se encuentra presente en el Organismo Legislativo y es “llevar a los políticos al Congreso y sacar a los empresarios”.

Añade que ve como única salida la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, donde se coloca un techo presupuestario en los gastos de propaganda, lo cual limita que los grandes empresarios puedan financiar millonarias campañas electorales, además de que se crea un fortalecimiento al sistema de partidos políticos.

El director de Incep coincide con Taracena, ya que afirma que una reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos evitaría que los resultados de una diputación sean los pagos de campaña electoral.