El comunicado emitido ayer por la Embajada de los Estados Unidos parece sacado de los argumentos usados por los activistas puritanos antilicor que promovieron la enmienda constitucional conocida como La Prohibición que cobró vigor en 1920 en los Estados Unidos y perduró hasta 1933, generando una oleada de la mayor actividad criminal de la mafia que traficó con el alcohol durante esos años.

Ciertamente había estadísticas que los bolos cometían más crímenes que los sobrios y lo mismo pasa con los drogadictos, así como que el alcoholismo se podía “curar” con orientación y tratamientos adecuados. También se dijo que si se legalizaba el consumo de licores, la mafia se dedicaría a otros negocios igualmente ilícitos, como de hecho ocurrió, pero nunca volvieron a tener la capacidad asesina que adquirieron y ejecutaron durante la Prohibición. Las estadísticas que menciona la Embajada de Estados Unidos en Guatemala sobre la inversión que se hace allá para contrarrestar la demanda no se reflejan en la realidad del tráfico y el efecto que tiene en estos países. Además, dicen que Colombia es un ejemplo de cómo puede funcionar la cooperación, pero pasan por alto que Guatemala es un ejemplo de lo que pasa cuando no hay cooperación sino solo exigencias. El plan Colombia fue un aporte multimillonario que permitió en buena medida el restablecimiento de la institucionalidad para enfrentar al poder del narcotráfico con su capacidad para corromper instituciones, mientras que a Guatemala le tiraron una migaja del Plan Mérida que, en honor a la verdad, hasta vergüenza da mencionarla.
 
 Por supuesto que criminales siempre habrá y que los narcos que ya no pudieran dedicarse a amasar fortunas por el negocio ilícito de las drogas si estas fueran despenalizadas, se dedicarían al robo de bancos, secuestros, tráfico de armas y de personas, así como extorsiones y muchas más modalidades del crimen. Pero ninguna les daría el poder económico que les da el negocio del narcotráfico que es lo que realmente empodera a esos grupos criminales porque mientras persista la demanda en Estados Unidos y el problema lo quieran atajar al sur de su frontera, no habrá solución y los grupos de traficantes harán más y más dinero porque mientras más difícil sea abastecer esa demanda, más caro será el producto y mayor la avidez por el mismo.
 
 Por supuesto que fortalecer las instituciones de justicia es una necesidad si queremos resolver el problema, pero eso no se logra con declaraciones de buena voluntad ni con afirmaciones sobre la responsabilidad compartida que no se traducen en hechos concretos.
 
 Hay que preguntarse cuánto dinero mueve el narcotráfico en nuestro país y cuánto usa para corromper instituciones. Además, para ganarse el apoyo de las comunidades, invierten en programas que son de mejoría para pueblos pobres donde la gente siente que las carencias que produce la ausencia de Estado las llenan esos grupos que no escatiman para dar dinero a quienes pueden ser sus protectores en determinadas circunstancias. Estados Unidos dice que nos aportó 220 millones de dólares el año fiscal pasado para contribuir al combate a la pobreza y al fortalecimiento institucional. ¿Cuánto habrá significado la actividad del narcotráfico en nuestro país en ese mismo período?
 
 El tema de la despenalización de la droga no se discutiría tanto en México, Colombia, California, Guatemala y el resto de Centroamérica, si Estados Unidos hiciera su papel seriamente. Si viéramos que los cárteles que operan internamente en regiones de Estados Unidos también fueran perseguidos y si la DEA, en vez de usar al Chapo Guzmán como informante, actuara con energía y apego a la legalidad adentro y afuera de los Estados Unidos.
 
 Repetir los argumentos de 1920 no es el mejor planteamiento para rehuir el debate.