En la antesala de las elecciones de 2011, los migrantes estamos decididos a participar en la política guatemalteca. Tanto la Constitución de la República como la Declaración Universal de los Derechos Humanos garantizan que el derecho a elegir y ser electo de los ciudadanos y ciudadanas no se pierde al cruzar las fronteras para buscar la supervivencia en otro país. Dejar sin el voto al 15% de nuestra población, que se encuentra trabajando en el extranjero y aportando remesas, haría que el proceso eleccionario pecase de inconstitucional e ilegítimo.
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En su Asamblea General del 4 y 5 de diciembre, la Red por la Paz y el Desarrollo de Guatemala (RPDG) se fijó como objetivo fundamental para 2011, al cumplirse 10 años como organización de migrantes guatemaltecos y personas solidarias con Guatemala: «su participación activa y firme en la política nacional. Pediremos la instalación de mesas electorales en los consulados de Guatemala para que todos los ciudadanos y ciudadanas puedan votar en las elecciones nacionales y propondremos candidatos y candidatas de la Red, para cargos municipales y puestos nacionales, para hacer valer plenamente nuestro derecho humano fundamental y constitucional a elegir y ser electos… También actuaremos políticamente para enfrentar el feminicidio y la violencia contra la mujer y para defender, mediante el Frente Nacional contra la Violencia Política y la Impunidad, a los dirigentes y militantes del movimiento social y del movimiento de derechos humanos que hoy son atacados, amenazados y acosados por fuerzas oscuras y sectores de poder».
Uno de los programas más significativos de la RPDG en 2010 ha sido el de MIA (Mujeres Iniciando en las Américas), una de sus miembros, dirigido a la sensibilización y educación en torno al feminicidio en Guatemala, la violencia contra la mujer y la necesidad de luchar por la equidad de género. Se desarrollaron labores educativas en diversos ambientes, incluida la Usac y la Academia de la Policía Nacional Civil, muchas de ellas con hombres y jóvenes, reconociendo que la violencia contra la mujer es una expresión del «machismo» enquistado en la sociedad guatemalteca. Se entiende, sin embargo, que la lucha para la eliminación de la violencia contra la mujer debe incorporar al conjunto de la sociedad y del Estado.
Los migrantes asumiremos los retos en 2011, tanto en el país como en el extranjero. Las condiciones van a ser sumamente difíciles en Guatemala, al entrarse al proceso de elecciones generales dentro de un ambiente de crisis generalizada. La RPDG «propone al pueblo de Guatemala, particularmente a sus golpeadas capas medias y castigadas clases populares, la elección de un Gobierno de Salvación Nacional, que pueda enfrentar la inseguridad y la violencia, el crimen organizado, los abusos de poder político y económico, las violaciones de los derechos humanos y la discriminación de todo tipo, la falta de justicia, la impunidad, la corrupción y la pobreza». La clase política guatemalteca, con raras excepciones, se encuentra desacreditada y deslegitimada, por lo que propondremos a dichas excepciones y al pueblo en general constituir un Frente Amplio Democrático que dé respuesta a la necesidad de una práctica política nueva en el país.