En medio de argumentos relativos a evitar la conflictividad social, la necesidad de una nueva ley de minería y el respeto al medio ambiente, el presidente Otto Pérez Molina envió una iniciativa de ley al Congreso de la República con la que busca una moratoria de dos años para que no se otorguen, en ese lapso, nuevas licencias para la extracción de minerales.

En una primera instancia, con esta decisión  el Ejecutivo envía el mensaje de que es incapaz de hacer cumplir el Estado de Derecho. La minería sin duda generó una enorme conflictividad social, eso no se puede discutir, sin embargo, esta conflictividad, a mi juicio, se exacerbó cuando el Gobierno  por un lado concedía licencias a empresas mineras, supuestamente requiriendo y verificando como Estado  que dicha actividad se desarrollara al amparo de la ley y luego era incapaz de hacer cumplir la misma para que la actividad extractiva se desarrollara en paz y tranquilidad, tal y como sucedió en la Mina San Rafael, en donde la incapacidad del Estado en hacer valer la ley derivó en enfrentamientos y bochinches que tuvieron una lamentable cauda de muertos y heridos. 

El mensaje del Ejecutivo en cuanto a sus propias autoridades también es lamentable, el hecho de cerrar de tajo toda posibilidad de obtener una licencia para la extracción de minerales, deja mal paradas a todas las autoridades que estaban relacionadas con esta actividad, simplemente el Gobierno considera que es mejor cerrar toda posibilidad de obtención de licencia antes que esforzarse por transparentar o hacer valer los controles para que la actividad se desarrollara en cumplimiento de la ley y sin afectar a terceros.

Por último, el mensaje a la inversión es grave, tan solo el mes pasado, escuché al Presidente, durante el desarrollo del Guatemala Investment Summit, invitar a los inversionistas a los que se dirigía, para que vinieran a invertir a Guatemala, calificando a nuestro país como  respetuoso de la inversión y con reglas claras para todo tipo de industria, incluso  la actividad minera. Si alguno de esos inversionistas tuvo la desafortunada idea de hacer caso a las palabras del Presidente e invirtió en actividades relacionadas a la minería o pensaba hacerlo debe de estar buscando a qué reglas claras y seguras se refería el Presidente.

Sin duda la actividad minera debe de estar sujeta a controles por parte del Estado, si este considera que hay fallas pues que mejore sus procesos e incremente sus controles. Entiendo perfectamente que el medio ambiente es importante y estoy en total desacuerdo con cualquier actividad que vaya en su contra, pero también entiendo que para eso el Ministerio de Ambiente extiende las licencias de impacto ambiental. Al final lo que se pone en riesgo es el desarrollo de municipios que no tienen mayores alternativas. Guatemala necesita urgentemente de inversión y si es en el interior mejor, atentar de esta manera en contra de la inversión solo condena el subdesarrollo a esas mismas comunidades.