Actualmente funcionan en todo el país 15 juzgados de la niñez y adolescencia, y de adolescentes en conflicto con la ley penal, los cuales están ubicados en los departamentos de Escuintla, Zacapa, Jutiapa, Petén, Alta y Baja Verapaz, San Marcos, así como en Guatemala.
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En cada juzgado se recibe un promedio diario de 25 casos de abusos a niñez y unos cinco de adolescentes en conflicto con la Ley, según la magistrada presidenta de la Sala de la Corte de Apelaciones de la Niñez y Adolescencia, Rossana Morales. Sin embargo, la demanda rebasaba las capacidades del personal, por lo que los procesos «no caminaban».
«El juez se tardaba entre 2 y 4 horas por caso, por lo que al día únicamente alcanzaba a resolver unos cinco, y el resto se iba acumulando. Era una bola de nieve que no se podía parar», cuenta la magistrada.
Oralización del juicio
En diciembre del año pasado la Corte Suprema de Justicia aprobó el Acuerdo 42-2007, que contiene el reglamento especial para el tratamiento de la niñez y adolescencia en los juzgados, el cual estipula la legalidad de las audiencias orales.
Es hasta el 4 y 18 de marzo de este año cuando se comienza la fase de implementación en los juzgados de adolescentes en conflicto con la ley y en los de niñez y adolescencia, respectivamente.
Lo que se pretende es hacer efectiva la garantía constitucional que estipula que los jueces deben resolver las sentencias. Anteriormente lo hacían los comisarios y oficiales. «Esto permite que el juez se dedique únicamente a resolver», dice la presidenta de la Corte.
Además, se garantiza que los casos sean conocidos en 10 días como lo estipula la ley, no en 40 o 45 como se hacía anteriormente. «Lo que el juzgado hacía en dos días, ahora lo hace en dos o tres horas», argumenta Morales.
De acuerdo con la magistrada, con este modelo, en el cual se graban las audiencias, se elimina la elaboración de varios documentos que retrasaban los casos. Entre ellos menciona el informe de audiencia de conocimiento, el de resolución de medida y resoluciones de trámite, por lo que únicamente se continuará con la elaboración del documento que dictamina la sentencia.
«Este nuevo modelo agilizará la gestión de los procesos que sean captados por la jurisdicción especializada, por lo que resolverá en el menor tiempo posible y observando las garantías procesales para quienes sean parte en el proceso», indica Zoel Franco, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales.
A pesar de los beneficios de esta medida, los 15 juzgados apenas están haciendo las primeras pruebas. Se han reportado ciertos problemas que pueden resolverse. Los equipos de computación son casi obsoletos, por lo que son incompatibles con los programas de grabación. «Todos están haciendo sus tanes. Es un cambio que no se puede hacer de la noche a la mañana», advierte Morales.
El proyecto recibe apoyo financiero de la Cooperación Española y apoyo técnico de Unicef.