El crecimiento económico del país, la crisis financiera internacional, y la recesión estadounidense, carecen de sentido para la población de las regiones donde la mayoría vive con un promedio de dos dólares diarios y se ve obligada a vivir con recursos limitados.
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No es una nueva noticia, por el contrario, la pobreza es una de las características propias de Guatemala desde hace centenares de años; que inició durante el proceso de Conquista, en el año 1530.
Historiadores coinciden en que la pobreza azotó a los pueblos nativos desde que los conquistadores españoles se dedicaron a despojarles de sus bienes y tierras a través de la opresión y el enfrentamiento armado.
Asimismo, las opiniones de los conocedores convergen cuando se compara la historia pasada con la situación actual del país, en tanto que las comunidades indígenas continúan abatidas por la pobreza y miseria.
Prueba de ello son las encuestas oficiales, que revelan que las zonas de mayor pobreza son ocupadas por poblaciones indígenas, entre las que se cuenta el occidente del país, donde se estima que dos terceras partes de la población son pobres.
Lejos de los indicadores macroeconómicos, y la tensión por la crisis financiera, en varias localidades de las zonas afectadas por la pobreza extrema se pueden encontrar habitantes que viven con menos de un dólar diario, e incluso hay quienes subsisten con menos de un dólar, a quienes sólo les importaba subsanar sus necesidades básicas.
De acuerdo con la última encuesta de condiciones de vida efectuada por el Instituto Nacional de Estadística, un aproximado de 6.63 millones de personas son pobres en Guatemala y dentro de ese grupo, casi un millón viven en condiciones de pobreza extrema.
Costo social
Ricardo Zepeda, del Centro Internacional de Investigación en Derechos Humanos, considera que la pobreza es uno de los flagelos que azota con mayor dureza a la población.
Asimismo, señala que la falta de acceso a los bienes y servicios básicos de las familias pobres tiene un alto costo social, en tanto que las zonas afectadas por la miseria reportan los índices más altos de mortalidad en el país.
El desarrollo de estas áreas se encuentra limitado al extremo debido a que la inversión social en los últimos años ha sido mínima, lo cual desencadena una serie de problemas sociales como el analfabetismo, desnutrición y la muerte.
De acuerdo con Zepeda, la falta de políticas públicas destinadas a acabar con la pobreza es la causa fundamental del rezago histórico en el que se encuentra el occidente del país.
«Todo se debe a que el discurso de los derechos de los pueblos indígenas es sólo eso, un discurso, y los Gobiernos no se preocupan por atacar las causas estructurales que han generado la pobreza», señala.
Apuesta al cambio
Para Wilson Romero Alvarado, autor principal del informe «Políticas regionales sobre la reducción de la pobreza en Centroamérica y su incidencia en el pleno disfrute de los derechos humanos», la pobreza debe combatirse de forma multidisciplinaria.
En el contexto actual del país, Romero Alvarado recomienda que el Gobierno incremente sustancialmente el gasto social, destinado a educación, salud, alimentación e infraestructura civil.
Asimismo, señala que las transferencias condicionadas pueden ser un instrumento efectivo para aplacar la pobreza, en tanto que se combinen con políticas que promuevan el cambio contundente en las condiciones de vida de los pobres.
El investigador considera que el fortalecimiento de la reforma tributaria es una herramienta imprescindible para el actual Gobierno, ya que permitirá disponer de más fondos para enfrentar la crisis internacional que se avecina.
Sin embargo, aclara que la ejecución transparente y pertinente del gasto público es lo que realmente delimitará la línea de la pobreza entre las familias pobres y quienes viven en condiciones óptimas.
«Si de verdad se quiere cambiar al país, es necesario que se transformen las formas de ejecución del gasto público para orientarlo a los problemas de subdesarrollo en las zonas más pobres», puntualiza.
Ricardo Zepeda,
Centro Internacional de Investigación en Derechos Humanos.