El invierno ha sido extremadamente copioso y ha desnudado no sólo la fragilidad del país por su alto grado de vulnerabilidad frente a los desastres naturales, algo ya advertido por organismos internacionales, sino que también dejó en dramática evidencia que la obra pública que se hace es, casi en términos generales, un verdadero mamarracho producto de la corrupción. Basta un aguacero para que se llenen de hoyos rutas recién asfaltadas o para que un deslave se lleve la cinta asfáltica o provoque bloqueos en las rutas principales, no digamos con los puentes que parecen hechos con madera balsa por la forma en que los arrastra la corriente.
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Uno sabe que la obra pública siempre se presta para trinquetes, pero cuando los mismos son de tanta consistencia y regularidad se evidencia la base corrupta de la administración pública en su conjunto, apañada por una Contraloría de Cuentas que no actúa para deducir responsabilidades a nadie. Hablamos todos los días de la impunidad y cuánto nos agobia ese flagelo, pero no reparamos en que la misma se traduce también en que nadie rinde cuentas por los negocios asquerosos que se hacen a la sombra del Estado. Viendo la forma en que se deterioran vías principales capeadas o asfaltadas por «reconocidas» empresas constructoras, nos damos cuenta que la picardía está a todo nivel y que lo mismo se aprovechan de la falta de supervisión los contratistas pequeños que se hartan con el dinero del pueblo, que grandes empresas a las que les importa un comino exponer su prestigio con tal de incrementar sus ganancias.
Desafortunadamente somos un país en el que nadie asume responsabilidades y en donde ni siquiera las fianzas que tienen que garantizar los constructores se ejecutan en caso de que el mamarracho se desmorone. Nadie rinde cuentas ni se hace cargo de la destrucción de la obra pública porque siempre se culpa a la «madre naturaleza» para lavarse las manos y garantizar que el dinero que se embolsaron pueda seguir en el rubro de las utilidades. Y es que se perdió por completo la capacidad de supervisión de la obra pública porque parte del negocio desde el momento en que se firma el contrato, es asegurar que una floja supervisión permita el uso de materiales insuficientes o de menor calidad.
En este campo vemos cómo se conjugan todos los factores habidos y por haber para apañar la corrupción. Se unen los funcionarios que deciden otorgar los contratos, los contratistas que pagan la mordida a cambio de garantía de que pueden inflar precios y construir mal. Los profesionales que cobran por la supervisión de la obra y que también reciben compensación por hacerse de la vista gorda cuando tienen frente a sus narices anomalías que significan la certeza de que la obra no durará el tiempo de vida que se había estimado y, por último, la Contraloría de Cuentas que nunca se fija en los grandes trinquetes y que dedica todo su tiempo a perseguir negocios de poca monta.
El Ministerio de Comunicaciones y las grandes municipalidades del país son agencias en las que se transa con aquel criterio que expresó el antiguo director de la Organización Internacional para las Migraciones, es decir, que no hay obra sin sobra. Y si queremos un botón de muestra, basta y sobra con ver lo que el invierno nos está dejando para entender que nos han estado robando y estafando.