Cualquiera supone que los países con sólidas instituciones políticas y grupos de presión que actúan de manera constante y permanente para controlar la legalidad son ajenos a los problemas que se vivieron en Guatemala durante los años de conflicto interno, cuando al enfrentar la sublevación de la guerrilla, el gobierno y las fuerzas armadas recurrieron a todos los medios a su alcance para la protección de la institucionalidad que representaban.

Los mismos Estados Unidos condenaron a Guatemala por excesos relacionados con el irrespeto a los derechos humanos en el marco de nuestra guerra y el embargo dispuesto para ventas de armamento al Ejército sigue vigente aún mucho después de que se produjo la Firma de la Paz.
 
 Recientemente, tras las filtraciones que se dieron en Estados Unidos sobre la magnitud y dimensión del aparato de inteligencia que tiene capacidad para espiar a literalmente medio mundo, procesando no sólo informaciones captadas a través de escuchas telefónicas alrededor del globo terráqueo, sino también mediante la intercepción de las cada vez más frecuentes comunicaciones por internet y por mensajes escritos que transmiten los llamados teléfonos inteligentes, algunas cadenas serias de televisión que se especializan en series documentales han intentado profundizar en el tema y se habla mucho de los secretos de la Casa Blanca y de cuál ha sido la historia de los servicios de inteligencia.
 
 Un punto que me ha llamado la atención es que en el marco de la llamada guerra contra el terrorismo, tanto George Bush como el mismo presidente Barack Obama han recurrido al procedimiento de ordenar la eliminación de jefes de los grupos terroristas mediante órdenes ejecutivas, ya sea utilizando los aviones teledirigidos y sin tripulantes, o comandos altamente capacitados para realizar operaciones en el extranjero a fin de eliminar a quienes son considerados como dirigentes de los grupos que están señalados de mantener acciones de terrorismo contra Estados Unidos y sus intereses.
 
 Moral y éticamente no veo ninguna diferencia entre lo que está pasando en el marco de la guerra contra el terrorismo y lo que pasó en Guatemala en el marco de la guerra contra la subversión, puesto que se trata de decisiones políticas para eliminar a personas sospechosas sin que exista ningún mecanismo de control para evitar abusos y excesos que puedan significar el asesinato de algunos inocentes, como ya ha pasado cuando los ataques aéreos teledirigidos han cobra la vida de niños o de familias ajenas al conflicto.
 
 Y se plantea un dilema importante porque hoy en día mucha gente acepta que en aras de la seguridad y para contrarrestar la acción de grupos terroristas que actúan en la clandestinidad y que pueden causar enorme daño con atentados como los de 2001, se use la fuerza en la forma descrita. Y lo mismo pensaban muchos en Guatemala, avalando el asesinato selectivo como una forma de librar la guerra contra fuerzas irregulares que ponían en peligro la estabilidad de las instituciones nacionales.
 
 ¿Quién tiene realmente la solvencia para actuar de manera que pueda, como los emperadores romanos, bajar el pulgar para enviar a alguien al otro potrero? ¿Deben los Estados renunciar al uso de la fuerza en su lucha contra grupos que la utilizan en forma indiscriminada en su contra?
 
 Obviamente es un puro planteamiento teórico y de debate ético porque en la práctica ya sabemos cómo es que suceden las cosas y cómo es que sucederán en el futuro. Pero, insisto, cuesta encontrar diferencias entre los procedimientos seguidos en países sin mecanismos de control y los otros, donde los mecanismos de control y de legalidad se mantienen en gallo.