Sólo en el área metropolitana existen más de 400 asentamientos cuya situación precaria pone en riesgo a más de medio millón de guatemaltecos y guatemaltecas. Analistas aseguran que es necesaria la intervención del Estado a través de la creación de una polí­tica pública.

La cantidad de estas comunidades se duplica a nivel nacional, ya que según datos de la Coordinadora Nacional Para la Reducción de Desastres (CONRED), existen 800 asentamientos precarios, es decir, que no cuentan con aspectos básicos como: seguridad, agua potable, energí­a eléctrica, entre otros.

Según la Coordinadora Interinstitucional de Atención a Asentamientos Precarios (CIAAP), de los 800 asentamientos de todo el territorio, de 12 a 16 se encuentran en «muy alto riesgo», lo cual implica a más de 20 mil personas que viven en alto riesgo constante.

Benedicto Girón, vocero de la Coordinadora Nacional Para la Reducción de Desastres (CONRED), indicó que en dicha institución se trabaja en el traslado de algunas familias, o de asentamientos completos hacia lugares más seguros. Según Girón, el año pasado se logró el traslado de 85 familias hacia una planicie de Villa Nueva.

«Una de las dificultades más grandes que existe para trasladar a los afectados que viven en los asentamientos es el convencimiento…», subrayó el portavoz de CONRED.

¿Y el Estado?

El párrafo anterior pone de manifiesto una de las raí­ces del problema. Las familias que habitan en esas condiciones se han acostumbrado a las mismas y a que el Estado no presenta soluciones, que les es difí­cil abandonar el lugar en el que viven pese a los riesgos.

Orlando Blanco, analista económico del Colectivo de Organizaciones Sociales (COS), comentó que en la actualidad existe un enorme déficit, tanto cuantitativo, como cualitativo de vivienda, los cuales se originan por los asentamientos precarios colocados a orillas de barrancos y vulnerables a cualquier tipo de desastre natural.

«Lo que hace falta en Guatemala es una polí­tica de ordenamiento urbano que permita ir planificando el crecimiento de la ciudad de acuerdo a las necesidades habitacionales que se vayan formando, pero además se necesita el empuje de una polí­tica pública del Estado mucho más coherente de cara a resolver las necesidades».

Pese a la existencia del Fondo Guatemalteco de Vivienda (Foguavi), la mayorí­a de recursos son absorbidos por empresas ligadas a la cámara de la construcción, sin que haya un fomento real de vivienda popular, opinó Blanco.

El entrevistado añadió que en Foguavi se ha descuidado enormemente la inversión social en vivienda popular, ya que los fondos con los que cuentan se han utilizado en construcción de viviendas para capas medias y altas.

El COS considera necesario revertir la anterior tendencia y que los fondos que el Estado destine para construcción de vivienda deben destinarse a la construcción de vivienda popular.

Sin paternalismo

Myrna Bojorques, directora de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de San Carlos de Guatemala, coincidió con Blanco respecto a la necesidad de una polí­tica de Estado en el tema de la vivienda.

Bojorques añadió que la crisis económica familiar obliga a las personas a migrar hacia la ciudad en busca de mejores condiciones de vida, lo cual las obliga a ubicarse en áreas marginales sin medir ninguna consecuencia.

Según la profesional, el Estado debe orientar y apoyar a las personas que se ubican en esos asentamientos humanos. «Es un peligro para toda la sociedad y no sólo para quienes habitan en los asentamientos, ya que desde ahí­ surgen otros problemas como desnutrición, enfermedades, desintegración familiar y delincuencia, entre otros», explicó.

La directora educativa dijo finalmente que «el Gobierno no tiene que crear paternalismos, pero tiene la función y la obligación de apoyar a todas esas familias que viven en riesgo a través de una polí­tica de Estado».