Lo que se esperaba ya está sucediendo y como siempre, para desgracia de este desventurado país, las más afectadas vuelven a ser las familias de las clases populares, aunque también golpea a la indolente clase media, incluyendo al grueso grupo social de capitalinos que fueron determinantes para encumbrar al poder al régimen de la mano dura contra los indefensos compatriotas.
No fue necesario que transcurriera una semana, ni siquiera un par de días desde que se informó que el presidente Otto Pérez había decretado un moderado incremento del 5 % al salario mínimo, y ni ha entrado en vigencia conforme el proceso legal esa generosa resolución del gobernante, que no proclama promesas sino que garantiza compromisos, según sus publicistas, para que se iniciara una escalada de precios de artículos de primera necesidad, comenzando con los empresarios del oligopolio gasero, que el mismo día del anuncio gubernamental incrementaron los valores de su producto, demostrando un insolente descaro y una abusiva conducta que perjudica, hiere y atenta contra la ya deteriorada economía de las amas de casa de bajos ingresos.
Antes del anuncio del acomodaticio ministro de Trabajo, Carlos Contreras, quien enfatizó que fue el gobernante el que dispuso el alza del salario mínimo que equivale a Q3.75 diarios, el precio de la libra del gas licuado era de Q5.20, pero en menos de 24 horas se elevó a Q5.60, que a un funcionario copetudo ni siquiera le rasguña las nalgas; pero a una señora de cualquier barriada o asentamiento le desequilibra su resquebrajado presupuesto familiar.
De esa cuenta, el cilindro de gas de 20 libras subió de Q104 a Q112; el de 25 libras, que es el más comercializado entre las clases populares, registró un aumento de Q130 a Q140; el tambo de 35 libras se incrementó de Q182 a Q196; el de 40 libras tuvo un alza de Q208 a Q224; el envase de 60 libras se elevó de Q312 a Q336, y el cilindro de 100 libras creció de Q521 a Q560.
Pero no es sólo el alza de precios el que sacude a los sectores más empobrecidos del país, sino que a ese aumento se agrega otra ilegalidad, porque el contenido de los envases generalmente es menor al que se ofrece, puesto que el peso de los cilindros no corresponde al que anuncian las empresas gaseras, que, como se sabe, son propiedad de tres hermanos mexicanos que se han coaligado para mantener el oligopolio –y eso que el cumplidor presidente Pérez declaró categóricamente hace pocos meses que durante el resto del año su gobierno ya no autorizaría ningún aumento al precio del gas.
Por su parte, los supermercados pusieron a trabajar aceleradamente de noche a empleados de confianza, para cambiar las etiquetas de sus productos, fijando antojadizamente precios más altos, siempre derivado del decreto presidencial que no ha entrado en vigencia.
(El obrero Romualdo Tishudo parafrasea este refrán popular: En cojera de chucho, lágrimas de celosa mujer y en promesas de políticos mañosos y duchos, nunca se debe creer).