La deprimente realidad que se da en la administración de justicia ha llevado al país a una situación que puede ser fatal, porque es impresionante la cantidad de personas que, agobiadas por la falta de castigo a los criminales, piensa que no nos queda otro remedio que el de aplicar la justicia por propia mano. Hace años que vemos los linchamientos en distintos sitios del país como una expresión de barbarie que, sin embargo, genera el aplauso de los pobladores y desde mucho antes han existido grupos que realizan la tarea de limpiar al país de maleantes y malvivientes.
Creemos necesario hacer un llamado a la reflexión de todos los operadores de justicia, pero especialmente a los jueces y magistrados, para entender que las fallas en su trabajo y su responsabilidad son causa de este tipo de reacciones colectivas que son de auténtica desesperación. La experiencia demuestra que pasa del 95 por ciento el valor de la impunidad porque es mínima la cantidad de delitos que generan una sentencia de conformidad con nuestro ordenamiento legal. Eso significa que prácticamente ningún crimen recibe castigo y de la misma manera en que eso frustra al ciudadano que es víctima de la inseguridad, también alienta a que haya más delincuencia por la certeza de que haría falta un verdadero milagro para que se proceda a la captura, enjuiciamiento y condena de los maleantes.
No es que la falta de justicia justifique esos hechos a su vez criminales para enfrentar a los delincuentes, pero obviamente es una explicación racional de lo que ocurre y de cómo se producen reacciones tan marcadas a favor de quienes asumen la tarea de castigar, sin arreglo a la legislación interna, a los delincuentes o a quienes parecen o son sospechosos de serlo. Como sucede siempre con ese tipo de movimientos, igual que pasó con la violenta represión ideológica, inicialmente se aplica la fuerza para eliminar específicamente al grupo objetivo, sea maleantes o quienes piensan en contra del sistema, pero abierta la puerta de la represión extrajudicial se abre también una caja de Pandora y siempre, tarde o temprano, se pierde el control y los ejecutores empiezan a actuar por su cuenta.
Si algunos tienen responsabilidad en lo que ahora está ocurriendo son, sin lugar a dudas, los operadores de justicia, lo que incluye también a los fiscales llamados a realizar investigaciones de los crímenes. Y es notorio cómo se pelotea el problema entre ellos y cuando se emiten los fallos absolutorios, en el mínimo porcentaje de casos que llegan a sentencia, siempre se justifican por la falta de pruebas aportadas por el Ministerio Público.