Luego de la declaración de la Asociación de Jueces y Magistrados anunciando que presentarían a la ONU una solicitud formal para que fuera destituido Francisco Dall´Anese de su cargo al frente de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, el sistema de Naciones Unidas emitió una declaración urgiendo a Guatemala a realizar un proceso de depuración del organismo judicial y del sistema de justicia para avanzar en la lucha contra la impunidad, en lo que sin duda es un tiro por la culata para quienes querían promover el retiro del fiscal costarricense que dirige la CICIG.
En el comunicado del sistema de Naciones Unidas se abunda en razones por las cuales es deseable que en el país se produzca una depuración del aparato de justicia, pero se reiteran con precisión los puntos de vista de la misma CICIG. Y es que se destaca que tanto en el Ministerio Público como en la Policía Nacional Civil hay avances que se pueden considerar significativos pero que se desperdician si no se tiene un reflejo en quienes administran la justicia. Más claro no canta un gallo y la misma Corte Suprema de Justicia tiene que valorar su postura de respaldo absoluto a la Asociación de Jueces y Magistrados, porque al final de cuentas se pone en evidencia una intención de apadrinar a aquellos juzgadores que evidentemente han dado la espalda a la justicia con fallos que son una vergí¼enza para las aspiraciones de erradicar la impunidad.
La semana pasada destacaba yo la importancia de las voces más serenas que se escucharon en el mismo seno de los operadores de justicia que, sin renunciar a la importancia de principios como el de la independencia judicial, admitían que es indispensable hablar de la depuración y de una efectiva supervisión de los procesos, especialmente cuando se sabe que hay ya senderos marcados en los que se garantiza la impunidad porque se conocen cuáles son los juzgados de primera instancia donde están los que facilitan los fallos absolutorios y cuáles son las Salas de Apelaciones en donde se pueden asegurar que los confirmen y, recordando con propiedad, hay que hacer notar que aun en la misma Corte Suprema de Justicia y en la Corte de Constitucionalidad, se lograron colocar personas que fueron postuladas justamente con el encargo de apuntalar el sistema de la impunidad en el país.
No me cabe duda de que en ese campo Guatemala ha tenido avances en verdad importantes, visibles y significativos porque hoy en día no es tan grande la certeza de impunidad que hay en el país. Pero todavía falta mucho camino por recorrer y ese esfuerzo lo tenemos que mantener todos, no sólo quienes desde el extranjero han venido a ayudarnos, sino los mismos guatemaltecos que tenemos que redoblar nuestro compromiso para asegurar que cuando hablamos de justicia en el país se esté hablando del estricto y absoluto respeto a la ley.
Cuando hay sectores políticos que necesitan favores para amañar fallos judiciales, tienen que transar con los grupos más perversos del crimen organizado y por ello es que las elecciones que se hacen en el Congreso son siempre tan cuestionadas porque en las mismas prevalece la componenda. Por supuesto que se pueden conseguir jueces y magistrados ad hoc para amañar resoluciones, pero lo mismo que pueden hacer para favorecer a un partido político, lo harán sin lugar a dudas con los miembros del crimen organizado. Lo mismo da quedar bien con un grupo que desafía la constitucionalidad por ambiciones políticas y económicas que hacerlo con contrabandistas, secuestradores, ladrones de carros, narcotraficantes y los actores de la corrupción. Por eso es que en materia de impunidad cada día tiene que ser mayor nuestra intolerancia porque todo lo que atenta contra la ley nos termina destruyendo.