«El futuro es ahora. Nosotros somos el futuro».
 Abbie Hoffman.
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La juventud guatemalteca parece estar atada con nudo ciego sin hoy mayores opciones de vida diaria. Un grupo lucha por sobrevivir bajo los lineamientos sociales con orden, reglas y normas y otro grupo vive al borde de la cárcel, el hospital y el cementerio.
Lo que hace 20 años se llamaba pandillas juveniles, ahora son pandillas criminales. Y lo más doloroso de la problemática del joven guatemalteco es que el Estado, como tal, no está interesado en llevarlos hacia un desarrollo integral. Un proceso global de atención, no existe. Actualmente se trabaja en las escuelas abiertas, pero es una política del gobierno de turno, no del Estado.
El diputado por Chimaltenango, Alejandro de León, interesado en la problemática juvenil, luego de varios estudio en los que además de certificarla comprobó que Guatemala tiene una población eminentemente joven, señala que el tema de la juventud es poco visible en la agenda pública. Y la atención a este grupo etario es pobre, en sectores de vital importancia para su desarrollo, como la educación, salud, seguridad, recreación y empleo.
Por lo que propuso al Congreso la Iniciativa de la «Ley Nacional de Juventud» que establece un marco normativo general de derechos y obligaciones de la juventud. Y busca la implementación de políticas públicas integrales para este sector, a partir de una adecuada coordinación interinstitucional de diversos entes del Estado.
Las principales acciones contempladas en la ley son: los derechos y obligaciones de la juventud; creación de un Sistema Nacional para la Atención de la Juventud y una Secretaría Nacional de Juventud, como ente rector de esta temática dentro del Estado.
Que diez ministerios generen e implementen una política de juventud y establecer la necesidad de coordinación interinstitucional dentro del Estado para atender y favorecer a la juventud con un sistema de participación, con pertinencia cultural e inclusión de las voces y representación de las 22 comunidades lingí¼ísticas del pueblo maya, la del pueblo garífuna y la xinka.
Necesitamos que esta iniciativa sea aprobada por el Parlamento. La desvalorización de los jóvenes por factores sociales, económicos, étnicos, culturales y educativos debe detenerse ahora. El Estado tiene obligación de involucrarse desde la perspectiva legal con un compromiso a largo plazo y no al capricho de cada gobernante. El momento, de atender y salvar a la juventud es hoy… mañana, quizás sea muy tarde.