La función esencial de los jueces es administrar la justicia mediante la correcta y precisa interpretación de las leyes, existiendo varias instancias para garantizar precisamente el debido proceso y la correcta interpretación de las normas. En ese contexto los magistrados que integran la Corte Suprema de Justicia son, supuestamente, los más calificados para la interpretación legal y no deja de dar grima verlos en el enredo actual como consecuencia de la incapacidad para lograr mínimo acuerdo en la elección del juzgador que deberá presidir la Corte.
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El simple hecho de que no hayan podido elegir es ya suficiente para descalificar a los magistrados por el pésimo ejemplo que dan a la población. No se trata de diferencias conceptuales ni de divergencias políticas, sino simple y sencillamente de un pleito absurdo con ribetes muy personales entre dos bandos de integrantes de la Corte. Y empantanados como están con esa elección, un grupito decidió realizar una interpretación absurda de las normas para hacerse con el poder. Cuando uno ve que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de una República manipulan de manera tan burda la legislación haciendo interpretaciones absolutamente inaceptables, no puede sino sentir que en realidad estamos en las peores manos.
Poco les ha importado el bochorno de no lograr los acuerdos y ahora se exponen a uno mayor porque sin el menor rubor solicitaron opinión de la Corte de Constitucionalidad respecto a la «legalidad» de una elección en la que no se logró la mayoría absoluta de los magistrados que componen la Corte Suprema de Justicia. La ley es absolutamente clara al decir que para elegir al presidente se requiere el voto de las dos terceras partes de los miembros de la CSJ, por lo que el hecho de que se hayan abstenido algunos no convierte a los seis que sí votaron en esa mayoría calificada.
Si el criterio de los magistrados fuera avalado por la CC, en el Congreso de la República tendría que revisarse también el concepto de la mayoría simple y la mayoría calificada porque las ausencias serían decisivas, no digamos los votos nulos o las abstenciones. Cuando en algún proceso se requiere de la mitad más uno de los votos válidos, eso se consigna claramente en el cuerpo legal y es por ello que en una elección como la del Presidente de la República se aplica ese sistema, pero el mismo está claramente definido. En cambio cuando se requiere de la mayoría calificada y se dice que los votos necesarios deben ser por lo menos dos terceras partes de los integrantes del cuerpo colegiado, no cabe interpretación distinta.
Ya el hecho de que los magistrados hayan incumplido con su mandato y no elijan Presidente por la existencia de esa absurda disputa entre dos grupos que se pelean privilegios y canonjías, es suficiente para que la población les muestre su más absoluto repudio. Pero que nuestros máximos jueces, intérpretes de la ley por la misma naturaleza de su función pública, se muestren tan dispuestos a la maniobra legal retorciendo una norma es como para que ese grupo de magistrados pase a la historia como lo peor que hemos tenido en Guatemala.
Ahora que ya falta poco para el proceso de elección de la nueva Corte Suprema de Justicia, es imperativo que se recuerden los postuladores de este bochornoso espectáculo para que no incluyan en las listas a ninguno de los actuales magistrados, responsables del más deprimente manoseo de nuestra legislación.