Todos los días, las noticias de la Torre de Tribunales se centran en las personas capturadas y procesadas, y se deja de lado el drama humano de sus familias y amigos, que muchas veces son inocentes. Madres separadas de sus hijos, esposas que deben criar solas a sus pequeños, novias que esperan a sus parejas, hijos que crecen sin padres.

Al final, el castigo de una condena impacta muchas más personas de lo que se piensa. Ellos, unidos a las familias de las víctimas, son quienes sufren las consecuencias de las decisiones equivocadas de sus familiares.

Su nombre era Jazmín. Cuando tenía ocho años ya sabía lo que era una cárcel. Para los quince años ya había vivido en los alrededores de más de 10 centros penales. Todo porque quería estar cerca de su madre, una mujer condenada a 25 años de prisión por el delito de plagio o secuestro.

Para Jazmín lo único que importaba en la vida era su mamá, por lo que siempre que su madre era trasladada de centro carcelario, ella buscaba asilo en los alrededores. Estuvo en Guatemala, Quetzaltenango, Petén, Zacapa, y en Escuintla.

En ese ir y venir conoció a más familiares de privados de libertad, y se hizo parte de una comunidad que era experta en delinquir. Pero nunca dejó de lado la intención de estar cerca de su mamá.

Cuando ya tenía 15 años, su progenitora fue trasladada hacia el centro preventivo para mujeres, Santa Teresa, en la zona 18. Jazmín se ubicó en una colonia aledaña, y cayó en manos de personas que la llevarían a su fin.

Todo el tiempo estuvo afuera sola. Su madre no pudo protegerla de los peligros de la calle. Jazmín se convirtió en una presa fácil. Un grupo delictivo dedicado a las extorsiones la captó, y la designó para cobrar “las cuotas”, en negocios del lugar.

Un día, sin mediar palabras, dos hombres se acercaron a la adolescente y le impactaron tres balas en el rostro. Jazmín murió en el intentó por estar cerca de su madre. La pequeña fue enterrada el 26 de abril del año 2013.

Esta historia evidencia una serie de conflictos que sufren los familiares de las personas que son sujetas a un proceso penal. Los capturados arrastran tras de sí, no solo la posible comisión de un delito, y una acusación, sino una afectación profunda que puede llegar a cambiar la vida de sus allegados, o incluso llevarlos a la muerte.

LOS ESTIGMATIZADOS

Andrea Barrios, directora del Colectivo Casa Artesana, dijo que durante muchos años estuvieron ayudando a Jazmín, para que pudiera estudiar y encontrar un oficio. También recordó que la menor de edad fue institucionalizada, pero se escapó. Pese a la ayuda, la adolescente fue presa fácil para los delincuentes, que al verla sola se aprovecharon de ella, llevándola a la muerte.

“Este caso demuestra la situación dura, y de vulnerabilidad en la que se pueden ver estos niños, niñas y adolescentes debido a la detención de la madre, porque en las condiciones de pobreza y las áreas donde habitan son más vulnerables a caer en situaciones delictivas”, expresó Barrios.

La entrevistada manifestó que el rechazo que existe por parte de la sociedad a las personas privadas de la libertad, la necesidad del castigo y de que “paguen” por los daños que hicieron, hace que sus hijas  e hijos también se vean afectados.

“Ser el hijo de una persona que está en la cárcel estigmatiza, se provoca discriminación, hay exclusión. Hay familias que se han tenido que mudar porque no soportan la presión social y todo el prejuicio y la discriminación que puedan sentir”, criticó.

Barrios indicó que esta situación afecta principalmente a personas que no tienen la condición social, ni los valores, ni los ambientes humanos para poder responder a una situación tan fuerte, que es el rechazo social.

“De las principales situaciones que afectan a estas niñas y niños adolescentes es ser el  hijo o la hija de una persona que está en la cárcel, con todo lo que la sociedad dice; ser el hijo de alguien a quien se le llama basura, la escoria de la sociedad, del pandillero, de la gente que no sirve es un impacto muy difícil en la vida de los niños”, explicó.

De acuerdo con Barrios, los niños no tienen los medios para enfrentar esa exclusión y discriminación, y el Estado tampoco ha generado situaciones específicas a esta población, entendiendo que su situación de por sí ya es vulnerable por las condiciones en las que ha vivido, probablemente en condiciones de pobreza y pocas oportunidades sociales.

LOS NIÑOS QUE JUEGAN TRAS LAS REJAS

Según un estudio realizado por Casa Artesana,  para diciembre del año 2013 habían 84 niños comprendidos entre la edad de 0 a 4 años, viviendo en los centros de privación de libertad, donde se encontraba su madre.

En esa condición los infantes están dentro de centros de reclusión que no tienen responsabilidad institucional de atención, refiere el informe.

“Hay muchísimas dificultades y situaciones de vulnerabilidad que están atravesando los hijos de las mujeres. Por un lado hay 400 niños que están en la edad de estar con sus mamás y no viven con ellas, pero el Sistema Penitenciario, que debería, no tiene la capacidad de albergarlos”, indicó.

Además hay otra cantidad de pequeños que no están estudiando, que no están inscritos en el Renap, y que no tienen contacto con las privadas de libertad, ya sea por los traslados o las condiciones internas de los centros carcelarios, indicó. VER RECUADRO: NIÑEZ VÍCTIMA.

Barrios expresó que debido al estigma, la discriminación, la falta de humanización que tiene la sociedad, aunado a la necesidad del castigo, las condiciones de los centros de privación de libertad, que no permiten mantener un vínculo digno, el retardo del sistema de justicia, afecta no solo al sujeto procesado, sino a todo su círculo familiar.

“Estos aspectos hacen que las familias se pongan en una condición de vulnerabilidad, y produce que haya una mayor situación criminal en el país”, concluyó.

LAS FAMILIAS Y LAS ESTRUCTURAS

En la Torre de Tribunales, ubicada en el Centro Cívico de la ciudad, a diario confluyen decenas de personas que van tras un proceso penal. Ya sean fiscales presentando acusaciones o pruebas, y abogados defendiendo a sus clientes, el lugar se llena de gente, todo derivado de los miles de casos nuevos que año con año ingresan al sistema.

Pero paralelo a esta situación, está la historia de los familiares consternados que sufren al ver a su pariente esposado, custodiado por agentes del Sistema Penitenciario, y que a penas logran verlo cuando tiene audiencia. Por unos minutos están allí, junto a ellos, alimentándolos, contándoles en pocas oraciones qué ha pasado en su ausencia, y preguntándoles cómo les está yendo dentro de la cárcel.
La Dirección de Seguridad del OJ no tiene un reporte de cuántas personas ingresan al edificio, solo explica que para lograr entrar, estos tienen que pasar por una revisión corporal y de los objetos que lleven consigo.

Está prohibido el ingreso de ropa, de alimentos y bebidas. Un guardia de seguridad, con la condición de no ser citado, relató que se ha observado que hay personas que tratan de ingresar droga para los presos, por medio de panes, comida, u ocultos en alguna parte del cuerpo.

Las bebidas se restringen porque se ha evidenciado que algunas personas llenan las botellas de jugo, agua o gaseosa con licor, que incluso vierten capsulas de droga o disuelven estupefacientes en el líquido.

En una ocasión, contó el agente, encontraron a un hombre con botellas de una bebida energizante, llenas de gas. La comida que los familiares adquieren para los privados de libertad, deben comprarla en dos tiendas ubicadas en el vestíbulo de la Torre de Tribunales.

En el catorce nivel de este edificio, donde se encuentran ubicados los Juzgados de Mayor Riesgo, se encontraba Sara Castro. Callada y con una mirada triste sostenía una bolsa llena de ricitos.

A su costado estaba su hermano, con las manos y los pies esposados, que en ese momento era alimentado por su madre. En unas pocas palabras, y con un sentimiento de dolor visible, dijo que el único momento en que veía a su familiar era cuando tenía audiencias, porque no se animaba a ir a visitarlo a la cárcel.

Su hermano es vinculado a una supuesta cicla de la Mara 18, que según las investigaciones se dedicaba a las extorsiones. Sara afirmó que le dolía esa situación, porque además de ver a su ser querido custodiado por agentes de presidios, no tenían dinero para pagar a un abogado, y se sentía siempre observada y bajo peligro.

Toda la colonia donde vive supo de la captura de su hermano, y sin meditar, lo condenaron a él, a ella y a toda su familia de ser extorsionistas. “Tengo miedo de que nos lleguen a tirar por su culpa, pero no podemos ir a otro lado, tenemos que aguantar”, expresó Sara.

Su caso es el ejemplo claro de que al final de cuentas, en los juicios no solo son juzgados los supuestos delincuentes, sino también la familia resulta víctima del escrutinio público y la estigmatización.

Sin embargo, no en todos los casos la perspectiva de la historia es la misma. Otro guardia de la Torre de Tribunales que habló con La Hora y pidió no ser identificado, contó que las visitas de los familiares no son en todos los casos parte de un intento por mantener vivo el vínculo entre los procesados y sus allegados.

En los casos donde se ven involucrados pandilleros es común ver a decenas de personas llegando a verlos. Pero es con fines de organización, explica el agente.
 
Las clicas, por ejemplo, operan desde la prisión y aprovechan sus eventuales salidas de los centros de detención, para enviar órdenes y pedir reportes de las actividades delincuenciales de la estructura.

“Las visitas tienen fines de organización. Los jefes de las maras suman cientos de años de condena, y ya no les interesa sus procesos penales, porque su estilo de vida es delinquir desde las cárceles”, explicó.

Son los agentes del Sistema Penitenciario quienes tienen a su cargo el resguardo del custodio, y ante la evidente comunicación con fines ilícitos, en la mayoría de casos no hacen nada para evitarlo, según se ha observado.

El pasado jueves 6 de marzo, en el sótano de Tribunales se desató una situación. Previo a ingresar a las carceletas, dos privados de libertad llevaban consigo una bolsa negra donde había más de 20 botellas de bebida energizante.

Al notar la situación, la seguridad del Organismo Judicial les impidió que ingresaran las bebidas, ya que es prohibido, y algunas de estas estaban abiertas.

“No te podemos dejar pasar esto, son las órdenes”, insistía el agente al custodio, quien con una actitud agresiva le gritó que la había comprado en Tribunales y que los agentes de presidios vieron que así fue. Estos se quedaron callados y nunca se pronunciaron.

Oficiales de la Policía Nacional Civil llegaron al lugar, y junto a la seguridad del OJ destaparon y olieron el líquido. Decidieron confiscarlo, ya que se sospechaba que el olor podría corresponder a gasolina.

LAS AFECTACIONES

Erick Juárez, experto en temas judiciales, opinó que para las familias de los procesados, las implicaciones negativas son muchas, pero una de las principales es la falta de recursos económicos.

“La más directa y emergente es la circunstancia económica, que si bien es cierto que se cuenta con una defensa pública penal gratuita, también es cierto que la sobrecarga de trabajo produce que no se pueda atender como se merecen las personas”, señaló.

Consecuentemente muchos familiares, en aras de tener una atención más adecuada y particular, y una mejor atención para su ser querido han llegado al extremos de vender inmuebles, hipotecar sus casas, su residencia, adquirir créditos y deudas.

Esto, explicó Juárez, con tal de tener el dinero necesario para pagar a un abogado que defienda adecuada y eficientemente a su familiar, y segundo para poder pagar las irregularidades, las exigencias y las exacciones ilegales, que “todos sabemos que existen en las cárceles del país”, a efecto de que no puedan hacerles daño físico y psicológico a sus allegados.

Por otro lado, habló acerca de la situación que enfrentan las familias cuando son del interior del país, y los procesos son en la ciudad. Tienen que movilizarse, y gastar en transporte, hotel y alimentación.

“Esto también implica dejar de trabajar, dejar de generar ingresos, y consecuentemente toda es una afectación y un impacto en la situación económica de las personas”, indicó.

También habló del impacto psicológico y emocional que tienen los familiares en cuanto a una persona presa, pues pierden la tranquilidad al enfrentarse a todo ese mundo desconocido de los procesos judiciales, donde lo que reina para ellos, es la incertidumbre de lo que sucede dentro de la cárcel, y la duda y el temor ante un fallo final, condenatorio o absolutorio.