Brasil ha sido uno de los países con crecimiento económico sostenido durante los últimos años, a lo que se suma el impulso de políticas sociales que han permitido avances significativos en la lucha contra la pobreza y para incrementar los niveles de desarrollo humano. Sin embargo, el aumento al precio del pasaje en el servicio urbano justo en el momento en que arranca la Copa Confederaciones de fútbol como preludio al Mundial que se realizará en ese país, ha desatado una ola de protestas masivas con la participación de distintas capas de la población.

Si bien es cierto que ya las principales ciudades dejaron sin efecto el aumento al precio del pasaje en el transporte público, el reclamo que hacen los indignados e inconformes se centra ahora en las necesidades del sector salud y de la educación nacional, en donde aún persiste el déficit de cobertura, mientras que el país está gastando millones de dólares en los preparativos para la Copa del Mundo, el gran negocio de la FIFA.
 
 Lo que más me llama la atención de esos sucesos en Brasil es la forma en que un pueblo que ha recibido atención de sus autoridades y que ha logrado mejorar sus condiciones de vida gracias a la mezcla de un sostenido crecimiento económico y una política social orientada a atacar los mayores problemas de la pobreza, reclama y protesta cuando siente que sus autoridades están dejando de atender lo fundamental para destinar recursos a un evento como el campeonato que concentrará a 32 selecciones nacionales para disputar el título mundial.
 
 Para nosotros, en Guatemala, tiene que ser inexplicable que un pueblo al que se le ha brindado atención sostenidamente durante por lo menos los últimos gobiernos, se lance a la calle para protestar enérgicamente contra esas autoridades nacionales. Aquí llevamos años de saqueo del erario público y no para montar un evento deportivo sino simplemente para engordar la billetera de los políticos de turno y de sus socios en el sector privado con los que se reparten las ganancias de jugosos y leoninos contratos para obras y servicios cobrados a precios exorbitantes en trabajos o bienes de pésima calidad.
 Si nuestra gente tuviera esa capacidad que tienen los brasileños para indignarse y protestar, para mostrar su inconformidad con la gestión pública, tendríamos que estar todos los días en la calle denunciando que aquí el Estado únicamente sirve para pagar la deuda política con los financistas de campaña y que no hay ni siquiera un asomo de política orientada a enfrentar los graves problema sociales que nos aquejan.
 
 A diferencia de los brasileños, aquí ni bailamos samba ni nos molestamos en protestar por el abandono que hay en temas como el de salud y la educación pública, no digamos en todo lo relacionado con el transporte público financiado con millonarios subsidios que únicamente sirven para ganancia de los autobuseros porque aquí nos parece muy bien que se roben ese dinero, que los buses sean chatarra y que la inseguridad campee en el sistema de transporte colectivo.
 
 No es que uno llame a la protesta ni que quiera ver indignados en la calle. Simplemente es cuestión de marcar diferencias, de entender que nosotros tenemos otra perspectiva ante la vida y el deber de los funcionarios como servidores públicos porque jamás se nos ocurriría participar en movimientos de esa naturaleza simplemente porque aquí todo se lo roban, porque nuestros niños se mueren de hambre y los que sobreviven pasan a formar esas generaciones de desnutridos con escaso crecimiento físico y mental.
 
 Ni bailamos samba, ni jugamos buen futbol ni somos alborotadores como los brasileños.