La vida de los indígenas ixiles en las montañas de Quiché, en el noroccidente guatemalteco, es como una fotografía de los años ochenta gastada e inmóvil. Por sus tierras pasó la guerra, y pese a que fueron víctimas de un ejército feroz que asesinó a mucha gente y arrasó con cientos de aldeas, siguen olvidados por las autoridades.

A sus comunidades aún no llega el agua potable, las carreteras asfaltadas ni los servicios básicos como salud y educación.

Feliciana Cobo es madre soltera de tres hijos, vive con luz prestada por un vecino y va con otro para que le venda agua. Reside en una montaña «y hasta allá no sube el chorro de agua». La vida de Cobo no cambió con el proceso judicial por genocidio que se siguió en mayo contra el exdictador José Efraín Ríos Montt por dichas masacres.

Cobo tenía ocho años cuando el Ejército de Guatemala llegó a su aldea en el área indígena ixil. Soldados atacaron su comunidad, mataron a los pobladores y saquearon sus casas. Tras el ataque su familia se separó, estuvo varios días en las montañas sin comer, su abuela y su madre murieron.

Tras la incursión del ejército, la familia de Cobo perdió su tierra y se acentuó su pobreza. Hoy, 30 años después, ya no los agreden los militares, pero la pobreza se quedó ahí.

El desarrollo simplemente no llegó a las comunidades ixiles, como lo revelan sus casas de madera y barro con piso de tierra. El maíz, alimento sagrado para los indígenas mayas, sembrado y cosechado por ellos mismos, es el único alimento seguro que llega a sus mesas.

Los ixiles saltaron a los ojos del mundo en abril al enfrentarse al sistema político y de justicia en Guatemala e intentar llevar a juicio al influyente exdictador. Pero no todos los indígenas estaban a favor de juzgarlo, también hubo quienes lo defendieron.

Las víctimas ixiles contaron su verdad y testificaron ante un tribunal sobre las masacres, las violaciones masivas, los desplazamientos forzosos y otras violaciones a sus derechos entre 1982 y 1983, cuando Ríos Montt fue jefe de Estado de facto.

El juicio no cambió sus vidas. La justicia tan esperada por unos no llegó: aunque el tribunal halló culpable a Ríos Montt y lo condenó a 80 años de prisión, la Corte de Constitucionalidad, el más alto tribunal en Guatemala, anuló la sentencia.

Byron García, un antropólogo social que trabaja en el área desde hace una década y que realizó un peritaje social presentado en el juicio por genocidio, asegura que la gente vive como si el tiempo nunca hubiera pasado, en la misma pobreza que durante la guerra.

«La gente ha sido relegada a los lugares menos productivos, a los lugares donde no se puede cosechar, como la montaña que es de piedra; no hay carreteras, no hay agua potable, la gente va a pie a sus parcelas a sembrar y los jóvenes siguen los patrones agrícolas cuando se puede; cuando no, migran», dijo García.

La pobreza no es el único problema que afrontan las comunidades. Luego de la anulación de la condena, los jóvenes de la comunidad están empezando a dudar de que los hechos hayan sucedido en verdad.

«Aquí todos tienen una historia que contar sobre el genocidio. Conozco la de un señor que ya es anciano, perdió a sus padres y hermanos, se quedó sin tierra y tiene un impedimento físico porque durante la guerra le dispararon en la espalda, él fue quien informó dónde estaban las fosas comunes de las cuales se extrajeron cadáveres, pero cuando se anuló la sentencia los jóvenes de la comunidad le dijeron que su historia de las masacres en la guerra era mentira», sostuvo García.

Por toda el área ixil hay fosas comunes donde los soldados enterraron a los indígenas asesinados y de donde la Fundación de Antropología Forense de Guatemala sigue exhumando cadáveres que se van sumando a la lista de las víctimas pendientes de justicia.

«Yo ayude a desenterrar a mi mamá, ella murió por la culpa de él (Ríos Montt), que mandó a los soldados a matarnos. Mi mamá murió cuando estábamos en la montaña, fue en el bombardeo, no sé si por el humo o por el impacto de las bombas que nos tiraban los aviones», relató Cobo. «Todos salimos corriendo, cuando nos juntamos de nuevo ella ya había muerto», recordó.

El antropólogo asegura que tras sus años de estudio de las comunidades afectadas por la guerra, las víctimas quieren contar sus historias, sentirse retribuidas y, en el caso de las exhumaciones, encontrar a sus muertos y poder enterrarlos.

Mientras tanto, Cobo busca cómo sostenerse económicamente, teje prendas típicas y lava ropa de algunos vecinos que pueden pagarle. Está consciente de que la pobreza en la que vive no es lo que quiere para sus hijos. «Ahora no hay otra cosa que pueda hacer, yo crecí en el conflicto armado y no sé leer ni escribir, no fui a la escuela, solo aprendí a tejer», dijo.

Ella está convencida de que ni el juicio ni la sentencia mejorará sus condiciones de vida. Reconoce que al menos ya no huyen de los soldados y agradece que sus «hermanos», otros ixiles, fueran a contar su verdad en el juicio, «porque no nos estamos inventando los muertos».

La comunidad indígena es la muestra de la división que existe en el país sobre si hubo o no genocidio. El juicio puso al descubierto heridas que no han cerrado en un país que fue y aún es violento, la reconciliación no fue prioridad y mucho menos el perdón y la justicia.