La derogación de los decretos fue acordada el lunes en una reunión entre el jefe de Gabinete, Yehude Simon, con una docena de «apus» o jefes de la etnia amazónica asháninka en un poblado de la selva central.
«El gobierno está listo a escuchar y reconocer errores; los indígenas no son antisistema, ellos luchan por lo que consideran justo, buscan justicia, equidad y respeto a sus tierras», dijo Simon al entregar el proyecto de ley a Javier Velásquez, presidente del Congreso.
Velásquez aseguró que el Parlamento unicameral asumirá su responsabilidad y «en el más breve plazo» se pronunciará sobre la derogación, previo debate de los legisladores, para que se restablezca el clima de paz en el país.
«Esperamos que este compromiso se cumpla, luego retornaremos a nuestros pueblos para que el país quede totalmente tranquilo», dijo Lidia Rengifo, secretaria general de la Asociación General de Pueblos Indígenas de la Selva Central.
Entretanto, el dirigente Alberto Pizango, líder de las protestas de los nativos, partió la tarde del miércoles hacia Nicaragua como asilado después de que Lima le otorgó un salvoconducto para abandonar el país.
Pizango, que se declara perseguido político, es acusado por el gobierno de los delitos de motín, sedición y rebelión.
La decisión de Simon marcó un retroceso del conflicto con los nativos. Hasta ahora, en dos meses de protestas indígenas, el gobierno había defendido la validez de las normas cuestionadas.
Los partidos de derecha y de izquierda criticaron el giro del gobierno y señalaron que de haberse tomado antes la decisión de anular los decretos se habrían evitado los choques del 5 y el 6 de junio en Bagua (noreste), que dejaron 24 policías y 10 nativos muertos.
El proyecto para derogar los decretos será debatido en el Congreso, donde el Ejecutivo espera que sea aprobado rápidamente.
Otro dirigente nativo, Percy Amaro, de la etnia asháninka, rechazó las acusaciones del oficialismo en el sentido de que detrás de sus demandas está el presidente boliviano, Evo Morales.
«Lo desmiento tajantemente, no ha habido ninguna intromisión de ideología externa, sólo la voluntad de nuestro pueblo de plantear nuestras demandas, nosotros tenemos capacidad de dialogar de igual a igual con las autoridades», subrayó.
Sin embargo, el gobierno insistió este miércoles en que hubo una intervención boliviana.
El canciller José García Belaunde acusó a Evo Morales de ser «enemigo» de Perú y de tener «vocación mesiánica», ya que «ha asumido que tiene que liberar» a los peruanos del gobierno de Alan García.
«Creo que ha asumido que él tiene una representación de la población indígena de su país y de otros países. Ha asumido que tiene que liberar al pueblo peruano del gobierno de Alan García más o menos, creo que tiene una vocación mesiánica», declaró.
García Belaunde sostuvo que hay demasiados «indicios y huellas» de que existe una intervención boliviana para incitar a la violencia en Perú.
La decisión del gobierno de proponer la derogación de los dos decretos se produjo en momentos en que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) lo instó a consultar a los indígenas sobre la explotación de la Amazonía.
La OIT expresó «grave preocupación» por los choques entre policía e indígenas, y recordó «la obligación del gobierno de establecer mecanismos apropiados y efectivos para la consulta de los pueblos indígenas y su participación, que es piedra clave del Convenio» sobre Pueblos Indígenas y Tribales, ratificado por Perú en 1994.