Los ilegales cobros de la SAT por calcomaní­as no pagadas


Gastos onerosos y trámites engorrosos sufren quienes adquieren vehí­culos en los predios donde se hacen negociaciones de compraventa de los automotores, pues, como se supone, para evadir el pago de impuestos, algunos dueños de dichas empresas provocan esos gastos y las molestias consiguientes a los que cayeron en sus redes…

Marco Tulio Trejo Paiz

Los problemas que afectan a las personas que venden sus vehí­culos a los citados establecimientos se producen así­: Los propietarios de los predios que los adquieren a precios por lo regular bastante bajos, sacan a la venta los vehí­culos que reciben -con el respectivo ribete en efectivo- a cambio de los que tienen medio uso.

Y esos señores que lucran a sabor y antojo mediante la compraventa de carros, camiones, pick ups, entre otros vehí­culos motorizados, rápidamente exhiben los que han recibido, pero a su mejor conveniencia «formalizan» astutamente los contratos celebrados con los compradores de los vehí­culos que han recibido.

Tienen, dichos negociantes, buen cuidado de no hacer los traspasos de los vehí­culos de referencia, por lo que éstos siguen apareciendo en los documentos de circulación a nombre de quienes los dieron como enganche y no de ellos, que realmente son los nuevos propietarios. ¡Oh largueza de larguezas deshonestas!

Lo que sucede es que por no hacerse el traspaso legal correspondiente, los adquirentes de los vehí­culos del enganche dejan de pagar calcomaní­as un año, dos años o no pocos años más y, entonces, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), sin averiguar las maniobras de los dueños de predios expendedores de vehí­culos, cobra las calcomaní­as que no han sido pagadas por los nuevos dueños de los cacharros…, pero, también, para atornillar más a quienes entregaron sus automotores -con el propósito de hacerse de otros de mejor estado-, la SAT exige las solvencias respecto de remisiones extendidas contra los nuevos propietarios de los vehí­culos por infracciones de tránsito.

¿No es eso injusto y generador de molestos ajetreos -de y hacia las entidades oficiales de tránsito- (el Departamento del ramo de la Policí­a Nacional Civil) y EMETRA?

La SAT debe obligar a los propietarios de los predios de marras a proceder correctamente, con justicia, con ética, en relación con los vehí­culos que reciben como enganche o ribete, o sea que, ya como dueños de los vehí­culos que reciben de los clientes, ellos, esos comerciantes de los predios en mención, deben ser obligados a formalizar la negociación con el traspaso autorizado por notario y, de esa manera, se evitarán los cobros indebidos en relación con el impuesto de las calcomaní­as de cada año al que quedan afectos los clientes que se convierten en morosos y, por añadidura, asimismo en cuanto a las remisiones de tránsito que les puedan extender los polacos uniformados de negro (de la PNC) y los de color de ranas verdes, verdes, verdes… ¡No hay razón, señores de la SAT, para que se estén cargando cuentas de calcomaní­as, cepos y remisiones a quienes han entregado vehí­culos usados para obtener otros, a la vez usados o nuevos, en los predios que no honran, con sus procederes, a la moral, a la ética y a la justicia! ¡La SAT debe tratar con drasticidad o algo así­ como con «mano dura», a los realmente insolventes respecto de las calcomaní­as y remisiones de tránsito, y no a los que han cambiado vehí­culos en los predios del cuento, que pronto pueden estar vendiendo a sus clientes los «patas de hule» que, casi por lo general, reciben a precios irrisorios! Lo lógico y pertinente es cobrar cuentas cabales a quienes las deben, no a quienes enajenan, en los puestos de compraventa en cuestión, sus vehí­culos usados, pues han dejado de ser propietarios de los carricoches… Los propietarios son -cabe recalcar- los que negocian en los predios. Sí­, señores de la SAT. ¡Eviten más desprestigio a la burocracia de su entorno!… ¿Qué es eso de estar provocando problemas económicos y restando tiempo precioso a la gente que es ví­ctima de deshonestas acciones propias de los defraudadores al fisco?

Un recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad podrí­a frenar la tediosa y dispendiosa problemática de referencia, por lo que convendrí­a que un grupo de las personas que venden sus vehí­culos usados para adquirir otros más pasaderos, en los predios a que hemos hecho alusión, se reuniesen en algún lugar para tratar de adoptar medidas adecuadas a fin de que termine de una vez por todas la molesta y perjudicial situación que dejamos planteada. ¡No hay que dormirse en las cenizas!!!