Los hondureños se preparan para votar mañana en unos comicios que parte de la comunidad internacional no reconocerá y que serán boicoteados por un sector de la población, mientras se allana el camino para que el Congreso Nacional debata el 2 de diciembre sobre la restitución del depuesto Manuel Zelaya.
Cerca de 4,6 millones de hondureños están convocados a estas elecciones que parten con el estigma de estar realizadas bajo la férula del gobierno golpista de Roberto Micheletti, pese a que el proceso cumple los preceptos constitucionales y los candidatos a la presidencia fueron elegidos bajo el gobierno de Manuel Zelaya, depuesto en el golpe de Estado del 28 de junio.
Para disipar los nubarrones que se ciernen sobre el proceso, Micheletti decidió apartarse de la jefatura del gobierno hasta el 2 de diciembre.
Y es que aunque la comunidad internacional tiene muy claro que la destitución de Zelaya fue un golpe de Estado, los hondureños siguen divididos sobre si su salida fue una «sucesión constitucional» o un golpe de Estado.
El tema de la continuidad presidencial es tabú en un país salpicado por un historial golpista. El artículo 239 de la Constitución deja claro que el ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser designado nuevamente a la Presidencia.
«El que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos, y quedarán inhabilitados por diez años para el ejercicio de toda función pública», reza el citado artículo.
La pelota está ahora en el Congreso, que se reunirá el 2 de diciembre -tres días después de las elecciones- para debatir si restituye a Zelaya, como lo contempla el acuerdo Tegucigalpa/San José, suscrito por las partes en conflicto el 30 de octubre, bajo la égida de Estados Unidos.
El pronunciamiento del Congreso se dará tras analizar los dictámenes de la Corte Suprema de Justicia y de otras tres instituciones al respecto.
Aunque no trascendió su orientación, la Corte Suprema entregó este jueves su dictamen y lo sustentó en seis delitos. El presidente de la Corte, Jorge Rivera, declaró a la AFP que entre ellos figuran traición a la patria, desobediencia a órdenes judiciales, violación de los deberes de los funcionarios y abuso de autoridad.
Mientras se decide su futuro político, Zelaya está refugiado en la embajada de Brasil, adonde llegó el 21 de septiembre tras regresar a Honduras clandestinamente.
Su batalla es ahora porque la comunidad internacional no reconozca estas elecciones, que según él son «ilegales», mientras que el régimen de facto espera que le sirvan para pasar la página de una de las peores crisis políticas de la historia reciente de Honduras.
Estados Unidos, Panamá y Perú han dado su apoyo a los comicios, en los que se elegirá también a diputados y autoridades municipales. En cambio, Argentina, Brasil, España y Venezuela se han negado a hacerlo.
A nivel interno, el movimiento de Resistencia al Golpe de Estado trata de convencer a los electores que no voten el domingo para no «legalizar el golpe».
Ante el miedo a represalias por la resistencia y el descontento que ha generado esta crisis entre muchos electores, la abstención es ahora el principal temor, en un país donde sólo el 52%% de los electores votó en las pasadas elecciones.
Aunque hay cinco candidatos a la Presidencia, dos son los que tienen posibilidades reales de ocupar el sillón presidencial: Porfirio Lobo, del Partido Nacional (PN, derecha) y Elvin Santos, del Partido Liberal (PL, derecha), el mismo de Zelaya y Micheletti.
Cuando alguno de ellos tome posesión el 27 de enero, le aguarda un país lleno de problemas, con una pobreza que afecta casi al 70%% de la población y una caída del crecimiento de 3%% a 4%%, así como también una caída de las remesas –que suponen el 24%% del PIB– y de la ayuda internacional como consecuencia de la crisis política, pero sobre todo de la crisis económica internacional.