En artículo anterior afirmé que el genocidio en Guatemala ha sido doblemente comprobado. Primero, la CEH en su informe de 1999 dictaminó: “agentes del Estado… en los años 1981 a 1983, ejecutaron actos de genocidio en contra de grupos del pueblo maya… en las cuatro regiones analizadas. (122)”. Luego, la jueza Barrios dictó su sentencia contra Ríos Montt por el genocidio perpetrado en contra del pueblo ixil.

Esos son los genocidios evidentes que ni la Corte de Constitucionalidad, ni el CACIF ni el presidente Pérez pueden ocultar o ignorar. No es que el pueblo guatemalteco sea genocida –el pueblo alemán no fue responsable del genocidio cometido por los nazis contra los judíos, ni el pueblo turco por el genocidio contra los armenios– pero sí se asigna responsabilidad directa a sectores poderosos de nuestro país por haber desarrollado una política genocida, al igual que se hizo contra Hitler y sus altos mandos al final de la Segunda Guerra Mundial.

Se aplicó en nuestro país una política de genocidio, que si bien no fue inventada acá, sí fue aplicada por entes nacionales, con su gran dosis de racismo y discriminación en contra de la población indígena y con atrocidades en contra de la población civil, en general. La política de genocidio es derivada de otra política, la de la seguridad nacional, inventada en el imperio y enseñada en lugares tales como la mal llamada Escuela de las Américas. Según esa doctrina, en la guerra contrainsurgente se define un “enemigo interno”, que abarca a todas las personas que en el país no están de acuerdo con las políticas de gobierno. Se establece círculos concéntricos de riesgo y, con relación al más central, el de los subversivos, reales o supuestos, el mandato es aniquilarlos. Igual mandato se da para la población civil que pudiese simpatizar con ellos o sus planteamientos, violando con ello los derechos humanos y el derecho humanitario (Convenios de Ginebra). Esta doctrina y su derivado, la política de genocidio, fueron adoptadas por las autoridades del país, los mandos altos y medios del Ejército y el CACIF, con el apoyo total de los asesores de la CIA; los militares, políticos y diplomáticos estadounidenses; y los enviados de otros países, como Israel y Taiwán.

Lo anterior está analizado en las conclusiones de “Guatemala: Memoria del Silencio”. Sin embargo, también se dice ahí que hubo otros genocidios, que yo llamo “aún no evidentes”. Se lee: “La CEH tiene información de que hechos análogos ocurrieron y se reiteraron en otras regiones habitadas por el pueblo maya. (123)” Otro genocidio no evidente es la eliminación de grupos de personas por sus ideas. Éste afectó particularmente a quienes participaban en la USAC, en los sindicatos y aun en la Iglesia Católica y otras iglesias, y a muchos más e incluso a quienes, simplemente, se relacionaban con estas instituciones. El 14 de julio pasado se cumplieron 33 años de la masacre de estudiantes de la Usac en la sede de la misma. ¿Cómo explicarles a sus familias que sus hijos, armados solamente de libros y reglas T, eran “enemigos del gobierno” solamente por ser estudiantes de la universidad nacional? ¿Cómo explicarles que a la luz de la doctrina de la seguridad nacional, las fuerzas de seguridad se consideraban con el derecho de exterminarlos? Eso, aunque la Convención contra el genocidio no lo reconozca, también es genocidio. El exterminio de grupos de población por sus ideas, es decir, la política anticomunista dirigida por Washington, también es genocidio, en Guatemala y en toda América Latina. Han pasado más de 30 años para que se produzca la primera condena por genocidio en Guatemala; pero se avizora  que, antes de llegar a los 40 años, la justicia brillará en el país. El caso de las miles de muertes de estudiantes, profesores y trabajadores de la Usac será así ubicado en nuestra memoria histórica y en el ámbito de la justicia.