¡Sin duda que teniendo un puesto de autoridad en el gobierno, los que buscan la elección en un cargo público, por supuesto que tienen ventaja sobre los demás candidatos, que se baten en la campaña sin las prebendas promocionales, logísticas ni publicitarias de los funcionarios, quienes a pesar de disfrutar de las mieles del poder, buscan perpetuarse o encontrar otro hueso más carnudo dentro de la administración pública.

Este es el caso de los ministros, gerentes y directores que corren en pos de la guayaba que más les gusta, incluyendo “la gran guayaba presidencial”, y por su parte, los alcaldes se niegan a dejar las minas de oro en que se han convertido las  alcaldías municipales!

Lo que necesitamos, es reformar la Ley Electoral para evitar que los funcionarios públicos en sus cargos, puedan acceder a ser candidatos a cargos por elección, en el siguiente período presidencial, para evitar que se aprovechen de los privilegios de que gozan como tales, favoreciéndose así en sus propias candidaturas. Claro que, como responde el actual gobierno, defienden al funcionario que están promoviendo para la presidencia de la república, argumentando, de forma descarada, que lo único que se está haciendo es “darle a conocer  al pueblo la obra pública que están llevando a cabo en beneficio de la nación”, cuando que todos sabemos que el gobierno del partido patriota está gastando la mayoría de sus recursos en fortalecer la imagen de su ministro de comunicaciones, porque Alejandro Sinibaldi, sin duda, será su próximo candidato a la presidencia, aunque él diga que: “la escogencia será una decisión que compete a la convención nacional del Partido”. Lo decimos porque es excesiva la propaganda gubernamental al respecto de las carreteras, donde el gobierno ha invertido millones de quetzales, para mantenerse desde hace más de un año en “constantes inauguraciones, claramente propagandísticas”.

Ese despilfarro en la publicidad del gobierno, ya se convirtió en cosa de la vida diaria y una costumbre de los gobiernos que van y vienen, porque el pueblo y las fuerzas vivas del país, de varias maneras lo han consentido, por eso, cada cuatro años tenemos un nuevo gobierno, en el  que vuelve a pasar lo mismo, solo que con diferentes actores. Son gobiernos sostenidos solo por sus enormes campañas de publicidad, pero que al evaluarlos, todos han sido reprobados por su incapacidad, baja producción carente de productividad, con una alarmante inseguridad que causa temor y luto constante en la gente, y crea desconfianza empresarial, falta de salud y educación, desempleo, hambre, miseria, la inconcebible impunidad y la incontrolable corrupción que restringe la inversión; estos indicadores son los pilares nefastos del sub desarrollo, la ignorancia, la inexistente democracia, el inoperante sistema judicial y la falta de una educación para la vida y la superación social, cultural, política y económica. La mayoría de la población alfabetizada y profesional, comenta que las obras del gobierno son de baja calidad y de poca duración, por lo que se ha dado en denominarla “como obra cosmética”, es decir, una obra perecedera  y que traerá muy poco beneficio.

El meollo del asunto es el favoritismo hacia algún candidato y la desventaja en la que contenderán los demás, por eso se hace necesario incluir en la ley electoral la prohibición de que los funcionarios en el ejercicio de sus cargos no puedan optar ni menos participar en los cargos de elección popular en las elecciones generales próximas al período que corre, puesto que podrían aprovecharse de las ventajas de las cuales disponen en perjuicio de los demás, como lo es el caso de los vehículos del Estado, viáticos, combustibles, disposiciones administrativas, personal; campañas electorales prematuras que se consideran ilegales, puesto que adolecen de la respectiva Convocatoria a Elecciones Generales; además, proyectos y materiales diversos, con los cuales tendrían mejores posibilidades y muy bien podrían impulsar y fortalecer sus candidaturas, aprovechando la conveniente plataforma de sus propios cargos,  como está sucediendo, actualmente, con el caso del actual Ministro de Comunicaciones, Transporte y Vivienda. Pero, confiamos, en que nuestros conciudadanos han venido despertando de su letargo en el sueño de la ignorancia, y esperamos que ahora, ya no sean engañados con una propaganda proyectada con fines electoreros.

Sin embargo, los guatemaltecos tenemos la esperanza de que con la toma de posesión de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, recién electo y ya juramentados y en posesión de sus cargos, la situación pueda tener un cambio positivo en cuanto al cumplimiento real de sus atribuciones y en cuanto a la aplicación de la ley electoral, aunque en cuanto a las condiciones y contenido ineficaz que presenta dicha legislación, está claro que se encuentra fuera del contexto de la realidad nacional y con una evidente impotencia en las sanciones que tienen la potestad de aplicar. Por eso,  debemos concluir, que el Tribunal Supremo Electoral está indefenso ante los avorazados partidos políticos que lo acechan y a quienes les importa un comino las raquíticas sanciones que se les pueden aplicar, puesto que, como buenos “politiqueros” están acostumbrados a ignorar el cumplimiento de la ley y menos aún, cumplen con el pago de las multas que les han impuesto, porque apelan a todo y se amparan como pueden, es decir que esta es una institución fallida, porque no la respetan. Además, se sienten tan débiles porque no han podido hacerse respetar, ni siquiera en los casos de flagrantes transgresiones a la ley y menos han logrado el cumplimiento de las sanciones que  les han impuesto a los partidos políticos, específicamente por el caso de las campañas anticipadas y otras violaciones electorales. Concluimos en que ES URGENTE APROBAR LAS REFORMAS A LA LEY ELECTORAL y considerar, también, lo que aquí se propone.-