Tanto el Superintendente de Bancos como voceros del sistema financiero del país explicaron por qué no pueden dar información a la Contraloría de Cuentas sobre la forma en que se manejan los fideicomisos. El secreto bancario se los impide, dicen, y por lo tanto tiene toda la razón la Contralora cuando dice que se tiene que eliminar ese mecanismo de administración de los recursos del Estado porque le impiden a la dependencia a su cargo cumplir con la obligación constitucional de controlar todo gasto público.

  Siendo tan claro el conflicto que hay, no podemos perdernos. Si por mandato legal los bancos no pueden dar detalles de la forma en que se manejan los fideicomisos, aunque sean públicos, y también por mandato legal, de la misma Constitución Política de la República de Guatemala, todo movimiento que involucre el uso de recursos públicos tiene que ser auditado por la Contraloría de Cuentas, no queda otro remedio que suprimir ese instrumento para el manejo de los recursos del Estado. No queda otra salida porque de lo contrario se está violentando la principal de nuestras normas, es decir, la Constitución Política de la República y por lo tanto la Contraloría tiene obligación de plantear una acción de inconstitucionalidad contra todos los fideicomisos constituidos con recursos del Estado.
 
  El caso es que no se puede aceptar ninguna excusa que sirva para evitar que los fondos públicos sean debidamente controlados por la instancia que constitucionalmente tiene la obligación, que ciertamente no se cumple como debe ser, de revisar hasta el último gasto que se haga con dinero público. No hay excepción posible y por lo tanto si la Superintendencia de Bancos no traslada la información que requiere la Contraloría, está incurriendo en una violación constitucional que debe ser penada por la ley.
 
  Los bancos tienen el argumento de que ellos trasladan toda la información a la Superintendencia y que siendo esta una entidad del Estado, sería la obligada fundamentalmente a cumplir con el mandato constitucional, pero resulta que nadie informa de cómo se gasta el recurso público y por ello es que se hacen micos y pericos.
 
  Hay fideicomisos en los que se gastan millones pagando sueldos que muchas veces superan con creces a los de los funcionarios que constituyen el fideicomiso y no rara vez van a manos de parientes de estos, Pero es imposible determinar a ciencia cierta si la gente que cobra esos jugosos sueldos está trabajando porque ni siquiera se tiene acceso a la nómina, mucho menos a los reportes que tendrían que darse sobre el rendimiento de cada funcionario pagado mediante ese instrumento diseñado para burlar, precisamente, la fiscalización que tiene que haber.
 
  Insistir en el tema es tedioso, porque todo el mundo sabe que los fideicomisos se empezaron a usar para evadir controles y manejar a sabor y antojo millones de quetzales sin darle cuentas a nadie. Todos los candidatos en la llanura dicen que los van a suprimir, pero cuando llegan los consagran y mantienen porque se dan cuenta de cuán útiles resultan para, obviamente, seguir haciendo los mismos o mejores micos y mayores pericos.
 
  Lo cierto del caso es que a los guatemaltecos nos juegan la vuelta de una y mil formas, como cuando se diseñó la estrategia de crear una sociedad anónima llamada Telgua para que se quedara con los bienes de Guatel y luego privatizar esa entidad de manera que se evitara ir al Congreso de la República para obtener la licencia necesaria para vender activos del Estado. Marufias y más marufias entre las que la de los fideicomisos se lleva las palmas.