La detención de Jean Ramsés Anleu Fernández, más conocido como @jeafer, por su usuario de Twitter, desnudó los alcances de la Ley contra el Pánico Financiero (LPF).
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La LPF surgió tras la ola de campañas negras, sobre todo a través de medios electrónicos, en contra de los bancos del sistema. Dio la coincidencia, que esta ola de «pánico financiero» surgió en el mismo contexto de la precampaña proselitista, con vista a las elecciones de 2007. ¿Habrá relación?
Estos mensajes de «pánico financiero» salieron después del descalabro Bancafé, uno de los bancos con más activos del país, y cuya «herencia» fue repartida entre los bancos que, a nivel de activos, ocupaban los puestos tres, cuatro y cinco del sistema. Desde entonces, éste ha sufrido grandes cambios en el escalafón de activos.
Quizá, la gota que promovió la ahora LPF, fue la campaña negra sufrida por el G&T Continental en diciembre de 2006, que provocó cierto escape de activos de cuentas monetarias, justo en la época en que la liquidez anda por las calles en favor de las compras navideñas. Después de ello, siguieron otras campañas negras, pero con menos impacto.
Años después, la LPF llegó a concretarse, y hace tres semanas, hizo caer a su primera «víctima». La ley penaliza a quien «incite al pánico financiero», y @jeafer cometió el «error» de sugerir sacar sus fondos de Banrural.
Apenas @jeafer pudo pagar los 50 mil quetzales de fianza impuesta. Es decir, él no tendría esa suma depositada en los bancos, por lo que su propuesta no pudo hacer ni siquiera tambalear al sistema.
Esta ley, a todas luces, choca contra el derecho constitucional a la libertad de expresión, ya que lo que @jeafer hizo fue emitir comentario contra una empresa, (porque, a pesar de que los bancos funcionan con dinero del pueblo, son empresas privadas). Es lamentable, pues, que una ley defienda a una empresa en vez de la libertad de expresión. Otra inconstitucionalidad visible es que la Carta Magna define que el Estado se organiza para defender a la persona humana, en vez de a la persona jurídica, es decir, que no tiene obligación de defender a las empresas, tal como propone la LPF que se redactó con óptica neoliberal.
Habría que recordar lo que Flavio Montenegro, gerente de G&T Continental en diciembre de 2006, dijo al dar a conocer esa campaña negra en su contra: «Tenemos indicios que por lo menos tres entidades bancarias pudieran estar involucradas en estos hechos, aunque las investigaciones en base a las pruebas puedan demostrar la verdad» (Diario La Hora, 4 de diciembre de 2006). Estas declaraciones no han sido corroboradas por la investigación del MP, pero todo parece indicar que desde Twitter no se puede hacer tambalear a un banco.
Nuestro sistema bancario es demasiado tradicional. No otorgan créditos a menos que se demuestre que se tiene más de lo que se pide, y las clases bajas y medias no pueden optar a ellos. Y, en vez de que los bancos ofrezcan servicios de inversión para hacer crecer el patrimonio familiar, prefieren rifar televisores, planchas y una casa (una vez al año) si las personas depositan mensualmente, al menos, 200 quetzales. Es obvio que este sistema de poco riesgo, no puede ser tumbado por un twittero. Sólo hay una forma de que los bancos aumenten sus activos, y ellos saben cuál es el único modo. (http://diarioparanoico.blogspot.com)