Los estudios técnicos


El estudio para mejoramiento de la red hospitalaria, realizado a un costo de 43 millones de quetzales y en el que participó el anterior ministro de Salud Pública, Alfredo Privado, es un caso interesante para sentar precedentes en el tema de lo que gasta el Estado en ese tipo de trabajos realizados por «técnicos» que devengan millonadas y cuyas conclusiones muchas veces son la repetición de verdades sobadas que hubiera podido decir cualquier lego sin preparación en la materia.


Existen en el mundo grupos de profesionales que se dedican a vivir de la tendencia de los gobiernos, especialmente en paí­ses del llamado tercer mundo, a realizar estudios costosos sobre enorme variedad de temas. Se puede decir que hay para todos los gustos y entre los peritos y las ONGs que explotan esa enorme gama para garantizarse un medio de subsistencia, son millones de dólares los que se mueven. Las famosas consultorí­as se ejecutan por lo general con muy pobres términos de referencia y por lo tanto los elementos para medir su eficacia son relativos y no son extraños los casos en los que un estudio, una vez terminado, va a alguna gaveta en la que dormirá el sueño de los justos sin que nadie se tome siquiera la molestia de leerlo, no digamos de evaluar si realmente cumplió con los cometidos propuestos.

Si nuestros paí­ses realmente usaran con honestidad sus recursos para financiar únicamente estudios útiles que luego pueden ser ejecutados, sin duda que tendrí­amos ya un panorama muy distinto al que seguimos arrastrando. Pero cualquier funcionario público sabe que en cada uno de los ministerios existen abultados y muy costosos estudios que han abordado prácticamente toda la temática nacional y, sin embargo, su impacto real ha sido nulo. Nos atrevemos a decir que la inmensa mayorí­a de esos estudios ni siquiera mereció una hojeada, no digamos un análisis de mayor envergadura.

Las conclusiones y recomendaciones del estudio sobre la red hospitalaria, según los trascendidos, son tan elementales que parecen criterios parvularios. ¡Se pagaron 42 millones de quetzales a una partida de expertos para decir lo que todo mundo sabí­a y que cualquier buen observador hubiera detectado sin esfuerzo!

Aparte de la investigación que debe hacerse para deducir responsabilidades y por lo menos dejar en evidencia a los vividores que se encargan de sangrar así­ en campos como el de la salud pública, es fundamental que se revise la polí­tica y los términos de referencia de los estudios financiados por entidades internacionales porque no podemos seguir manteniendo a esos lagartos que se acostumbraron a vivir de la candidez y la haraganerí­a de funcionarios que ni siquiera leen los estudios que costaron millones.