La captura, ayer, de dos agentes de la Policía Nacional Civil, PNC, uno de ellos con el rango de Inspector, acusados de su participación en el secuestro el pasado fin de semana de cinco jóvenes en el Barrio El Gallito, zona 3 de la capital de Guatemala, cuyos cadáveres fueron encontrados posteriormente en un predio baldío del bulevar El Naranjo con señales de violencia, actualiza el debate sobre la existencia de escuadrones de la muerte enquistados dentro de las instituciones de seguridad pública, que parecieran estar a cargo de la llamada campaña de limpieza social para la eliminación de delincuentes.
Los escuadrones de la muerte son una nefasta herencia de la época de la guerra interna, cuando como parte de la Doctrina de la Seguridad Nacional y en el marco de la Guerra Fría, los gobiernos militares con el apoyo de algunos sectores de la empresa privada utilizaron a esos grupos para la eliminación de los adversarios políticos en ese tiempo calificados de comunistas.
En este caso concreto, el propio director de la PNC, Julio Hernández, explicó que el sistema de localización satelital de que están dotadas las patrullas de la institución permitió establecer el recorrido de la unidad al servicio de los policías detenidos, detectando su presencia en el lugar del secuestro y su posterior desplazamiento hacia la parte oeste de la capital, en donde fueron encontrados los cadáveres de las cinco víctimas.
El Fiscal del caso, licenciado ílvaro Matus, no descartó que en el hecho hubieran intervenido otras personas, por lo que se tendrá que profundizar en las investigaciones correspondientes. En lo que va transcurrido del presente año, éste es el segundo caso en que se ha hecho evidente la colaboración de policías en escuadrones de la muerte responsables de ejecuciones extrajudiciales. El primero fue el de los tres diputados salvadoreños del Parlacen y su piloto, hecho en el que los principales sospechosos resultaron ser varios elementos de la PNC, que luego fueron ejecutados dentro de las propias instalaciones del sistema carcelario.
Este nuevo caso ofrece un material fresco y muy actualizado, para que la Comisión Internacional en Contra de la Impunidad, CICIG, que ha comenzado a instalarse en Guatemala, pueda realizar un exhaustivo trabajo a efecto de establecer cuáles son las ramificaciones de estos grupos clandestinos y de dónde proviene su financiamiento, pues es muy difícil creer que estos agentes pudieran estar actuando como parte de acciones aisladas. Esta comisión tiene un desafío muy grande para que el país pueda recobrar la confianza en la majestad de la justicia y el respeto a la ley.