Los escándalos de la Junta Monetaria (JM) y la Superintendencia


De acuerdo con el artí­culo 133 de la Constitución Polí­tica de la República, «la Junta Monetaria tendrá a su cargo la determinación de la polí­tica monetaria, cambiaria y crediticia del paí­s y velará por la liquidez y solvencia del sistema bancario nacional, asegurando la estabilidad y el fortalecimiento del ahorro nacional».

Alfonso Bauer

Por disposición del artí­culo 132 de la Constitución, la JM se integra con los siguientes miembros: a) el Presidente, quien también lo es del Banco de Guatemala; b) los ministros de Finanzas Públicas, Economí­a y Agricultura, Ganaderí­a y Alimentación; c) un miembro electo por el Congreso de la República; d) un miembro electo por las asociaciones empresariales de comercio, industria y agricultura. (Nótese la exclusión discriminatoria consistente en que las asociaciones sindicales o gremiales de los trabajadores del comercio, industria y agricultura, no se les da el mismo derecho que a las asociaciones empresariales y carecen de representante en la JM); e) un miembro electo por los presidentes de los consejos de administración o juntas directivas de los bancos privados nacionales. (Nótese que también se les niega a los presidentes de los bancos estatales, la posibilidad de elegir un miembro, lo cual es discriminatorio); f) un miembro electo por el Consejo Superior de la Universidad de San Carlos (Usac).

Durante los dos últimos gobiernos, el de Alfonso Portillo (2000-2003) y el de í“scar Berger (2004-2007), la Junta Monetaria no ha cumplido con determinar una sana polí­tica monetaria (el Quetzal cada año se devalúa), ha permitido el manipuleo en provecho de los cí­rculos del poder económico de la libre negociación de divisas y no ha velado por la liquidez y solvencia del sistema bancario nacional y menos, aún, por el fortalecimiento del ahorro nacional.

Prueba irrefutable de la falta de capacidad de los miembros de la JM, del encubrimiento o complicidad con los banqueros delincuentes, han sido, primero, la quiebra de los bancos Metropolitano y Promotor, cuyo principal accionista, Francisco Alvarado McDonald, financiara la candidatura de Alfonso Portillo a la Presidencia de la República. Quiebras fraudulentas que costaron al Estado más de Q 2000 millones, para paliar los daños y perjuicios causados a cuentahabientes y ahorristas. Eso ocurrió en el 2001 y en el 2003, la JM no actuó para evitar la absorción del Banco del Ejército (BANEJER) en estado de insolvencia por la inescrupulosidad de sus autoridades, por el Crédito Hipotecario Nacional, así­ como por la inminente falencia del Banco del Nor Oriente (BANORO), en crisis por el desfalco que le hiciera su gerente, Angello Straga, sujeto miembro de la clientela polí­tica del ex presidente Portillo. Salvar de la quiebra al BANORO y al BANEJER le costó al Estado Q 293 millones.

Y tanto el ex presidente Portillo y el ex gerente de CHN, Armando Llort, quien además de la iliquidez que causó en dicho banco la absorción del BANORO y el BANEJER, y los sobregiros casi de Q 50 millones que desfinanció aún más al CHN, banco estatal que históricamente habí­a sido una institución modelo, se encuentran libres y ninguna institución fiscalizadora del Estado, promueve acciones para que respondan civil y penalmente por los delitos cometidos.

Segundo, las quiebras de los bancos BANCAFE y BANCO DE COMERCIO, durante la administración del presidente Berger.

La quiebra del BANCAFE se debió a la congelación de fondos de la offshore REfCO, en octubre del 2006, en EE.UU. por valor de US$ 204 millones en tí­tulos del Banco Internacional del Café (BIB), entidad del BANCAFE que opera en EUA, el BIB tení­a recursos hasta de US$ 163 millones y/o 3,500 cuentas de casi 3 mil depositantes, casi todos guatemaltecos. Además, al fin la SB, amplió la denuncia contra otra entidad parte de BANCAFE— Valores e Inversiones del Paí­s (VIPASA), por dos créditos otorgados por VIPASA a Servicios Comerciales Consolidados Comerciales, S.A., por Q 22 millones y el otro a Servicios Empresariales, S.A. por Q 19 millones.

Uno de los máximos responsables de la quiebra fraudulenta del BANCAFE, fue uno de los principales accionistas, el banquero Eduardo González, candidato a la Presidencia de la República para las elecciones generales de septiembre del presente año, quien se negaba a desistir de participar en la contienda electoral, por ser el candidato del partido oficial, Gana, pero la indignación popular lo obligó a retirarse. í‰l, también como Portillo vive tranquilo y en libertad a pesar de la gravedad de los delitos que cometió. (Continuará).