De acuerdo con el artículo 133 de la Constitución Política de la República, «la Junta Monetaria tendrá a su cargo la determinación de la política monetaria, cambiaria y crediticia del país y velará por la liquidez y solvencia del sistema bancario nacional, asegurando la estabilidad y el fortalecimiento del ahorro nacional».
Por disposición del artículo 132 de la Constitución, la JM se integra con los siguientes miembros: a) el Presidente, quien también lo es del Banco de Guatemala; b) los ministros de Finanzas Públicas, Economía y Agricultura, Ganadería y Alimentación; c) un miembro electo por el Congreso de la República; d) un miembro electo por las asociaciones empresariales de comercio, industria y agricultura. (Nótese la exclusión discriminatoria consistente en que las asociaciones sindicales o gremiales de los trabajadores del comercio, industria y agricultura, no se les da el mismo derecho que a las asociaciones empresariales y carecen de representante en la JM); e) un miembro electo por los presidentes de los consejos de administración o juntas directivas de los bancos privados nacionales. (Nótese que también se les niega a los presidentes de los bancos estatales, la posibilidad de elegir un miembro, lo cual es discriminatorio); f) un miembro electo por el Consejo Superior de la Universidad de San Carlos (Usac).
Durante los dos últimos gobiernos, el de Alfonso Portillo (2000-2003) y el de í“scar Berger (2004-2007), la Junta Monetaria no ha cumplido con determinar una sana política monetaria (el Quetzal cada año se devalúa), ha permitido el manipuleo en provecho de los círculos del poder económico de la libre negociación de divisas y no ha velado por la liquidez y solvencia del sistema bancario nacional y menos, aún, por el fortalecimiento del ahorro nacional.
Prueba irrefutable de la falta de capacidad de los miembros de la JM, del encubrimiento o complicidad con los banqueros delincuentes, han sido, primero, la quiebra de los bancos Metropolitano y Promotor, cuyo principal accionista, Francisco Alvarado McDonald, financiara la candidatura de Alfonso Portillo a la Presidencia de la República. Quiebras fraudulentas que costaron al Estado más de Q 2000 millones, para paliar los daños y perjuicios causados a cuentahabientes y ahorristas. Eso ocurrió en el 2001 y en el 2003, la JM no actuó para evitar la absorción del Banco del Ejército (BANEJER) en estado de insolvencia por la inescrupulosidad de sus autoridades, por el Crédito Hipotecario Nacional, así como por la inminente falencia del Banco del Nor Oriente (BANORO), en crisis por el desfalco que le hiciera su gerente, Angello Straga, sujeto miembro de la clientela política del ex presidente Portillo. Salvar de la quiebra al BANORO y al BANEJER le costó al Estado Q 293 millones.
Y tanto el ex presidente Portillo y el ex gerente de CHN, Armando Llort, quien además de la iliquidez que causó en dicho banco la absorción del BANORO y el BANEJER, y los sobregiros casi de Q 50 millones que desfinanció aún más al CHN, banco estatal que históricamente había sido una institución modelo, se encuentran libres y ninguna institución fiscalizadora del Estado, promueve acciones para que respondan civil y penalmente por los delitos cometidos.
Segundo, las quiebras de los bancos BANCAFE y BANCO DE COMERCIO, durante la administración del presidente Berger.
La quiebra del BANCAFE se debió a la congelación de fondos de la offshore REfCO, en octubre del 2006, en EE.UU. por valor de US$ 204 millones en títulos del Banco Internacional del Café (BIB), entidad del BANCAFE que opera en EUA, el BIB tenía recursos hasta de US$ 163 millones y/o 3,500 cuentas de casi 3 mil depositantes, casi todos guatemaltecos. Además, al fin la SB, amplió la denuncia contra otra entidad parte de BANCAFE— Valores e Inversiones del País (VIPASA), por dos créditos otorgados por VIPASA a Servicios Comerciales Consolidados Comerciales, S.A., por Q 22 millones y el otro a Servicios Empresariales, S.A. por Q 19 millones.
Uno de los máximos responsables de la quiebra fraudulenta del BANCAFE, fue uno de los principales accionistas, el banquero Eduardo González, candidato a la Presidencia de la República para las elecciones generales de septiembre del presente año, quien se negaba a desistir de participar en la contienda electoral, por ser el candidato del partido oficial, Gana, pero la indignación popular lo obligó a retirarse. í‰l, también como Portillo vive tranquilo y en libertad a pesar de la gravedad de los delitos que cometió. (Continuará).