Las modernas teorías sobre el papel del Estado tras la privatización, plantean la necesidad de que aquellas empresas que se hicieron cargo de la prestación de servicios sean objeto de regulación porque por su peso económico y características de sus servicios, tienen muchas de las características de los monopolios y hasta los más fervientes neoliberales entienden que allí no funciona la oferta y la demanda como factores que regulen el mercado.

De esa cuenta se ha seguido el mismo modelo que desde hace muchos años ha funcionado con el sector financiero que aquí y en el resto del mundo, opera bajo la supervisión de una entidad técnica que tiene la finalidad de prevenir daños a los usuarios por excesos de los actores.
 
 La idea de la regulación es buena, pero al final de cuentas resultó siendo como la idea que tuvimos en Guatemala con las comisiones de postulación para prevenir la politización de ciertas funciones públicas. Lo que pasó, con las postuladoras, fue que politizamos la academia y el mundo profesional que terminó siendo cooptado por mafias que se adueñaron de universidades y colegios profesionales para así ejercer el control en la nominación de funcionarios clave en la gestión del Estado.
 
 En el caso de las reguladoras ocurre que siempre se tiene que recurrir a expertos que conocen las intimidades del sector al que hay que regular. Así se busca a conocedores del sector eléctrico para conformar la Comisión Nacional de Energía que es el ente encargado de regular las operaciones de los generadores y distribuidores, supuestamente protegiendo los intereses del usuario. Lo mismo pasa con la telefonía que tiene una debilísima superintendencia que es posiblemente la mejor caricatura de regulación que pueda dibujarse.
 
 El caso es que en sectores como el financiero, el eléctrico y el de telecomunicaciones, los reguladores provienen por lo general del sector al que hay que regular y, siempre, al terminar sus funciones buscan puestos de trabajo en empresas que estuvieron bajo su supervisión y control. Muchos de los que pasaron por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica ahora trabajan para generadores o distribuidores y lo mismo puede decirse con absoluta propiedad de quienes han pasado por la Superintendencia de Bancos. La Superintendencia de Comunicaciones es tan irrelevante que no llega ni siquiera a constituirse en un buen trampolín para saltar a un buen hueso, porque ninguna de las telefónicas le da la menor importancia y quien llega a ese puesto se tiene que conformar con que lo dejen cuatro años porque como no regula nada, tampoco puede prepararse el camino para un futuro en el sector.
 
 Si el regulador de una fundamental actividad económica sabe que al terminar su período o su gestión tendrá que hacerse de un medio de vida en el campo que domina, buscando empleo en alguna de las empresas que le tocó regular, no hay que ser genios para saber que la regulación no funciona, que no es efectiva porque nadie pelea con la cocinera, es decir, con quien le dio, da y dará de comer.
 
 Sale todo lo anterior por el tema del Superintendente de Bancos y su renuncia. Creo que el licenciado Mancilla es un profesional competente y dedicado que, para las exigencias tradicionales del cargo, cumplía con los requisitos. Pero creo que cuando se habla de independencia de la Superintendencia de Bancos hay un error conceptual, porque se pide independencia del gobierno, pero nada se dice de la independencia que debiera haber precisamente del sector que tiene que ser regulado y esa es mucho más importante, aunque evidentemente más difícil de alcanzar. Revisemos dónde están hoy los reguladores de ayer y nos daremos cuenta cuánto dependen de las entidades que tuvieron que fiscalizar.