Es indudable que en el mercado la competencia genera beneficios para el consumidor y ello lo vemos ahora que la empresa de telefonía Comcel ha dispuesto modificar su criterio para el cobro del servicio, abandonando la práctica de cargar al usuario por minuto para iniciar una nueva etapa en la que quienes utilizan sus canales verán que se les factura por lo efectivamente utilizado, lo que no tiene sino ventajas para el público. Y sin duda que ello llevará a otras empresas a preocuparse por la cuestión porque en la medida en que la gente se percate de lo que puede significar en términos prácticos ese cambio de concepto, empezarán a contratar servicios con la empresa que cobra de manera más justa.
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En otras palabras, tarde o temprano las otras empresas de telefonía móvil tendrán que modificar su facturación para imitar a la que ahora cobra los segundos efectivamente utilizados, so pena de que sus clientes cambien de proveedor para obtener lo que es indudablemente un gran beneficio.
Lo importante de este caso es que la competencia plantea una forma en la que se rompen prácticas en cierto sentido oligopólicas, puesto que cuando los distintos proveedores de un mismo bien o servicio se ponen de acuerdo para uniformar su oferta, es necesario que existan entes reguladores que puedan actuar en protección del público. En cambio, cuando una de las empresas se sale del redil y emprende una agresiva lucha por captar una cuota mayor del mercado mediante una oferta atractiva para la gente, sin duda que vemos que el mercado funciona en la forma expresada por los teóricos.
Lo que pasa muchas veces es que entre los proveedores de un mismo bien o servicio se ponen de acuerdo sobre la base de que una guerra de precios o de ofertas puede hacerles daño a todos y es más cómodo no competir sino repartirse la demanda. Yo he sido crítico de quienes creen que el mercado es infalible y que debe ser el factor determinante de la actividad económica porque creo que hay demasiadas pruebas de que sin regulaciones se produce un aprovechamiento desmedido de las debilidades del consumidor, pero efectivamente hay modelos en los que se puede apreciar que empresarios agresivos y que entienden el sentido de la competencia pueden no sólo incrementar su mercado, sino que además beneficiar al público con acciones que tienden a atraer clientela con base en beneficios directos para el consumidor.
Yo estoy seguro que si una empresa de telefonía móvil decidiera que, de verdad, no va a activar más aparatos robados, seguramente que muchos de los usuarios, si no todos, se cambiarían de proveedor como una medida para terminar con el robo de celulares. Pero como hasta la fecha todas siguen activando los aparatos robados, no existe ese incentivo adicional para que el público se sienta atraído para hacer el cambio. Y es éste un caso en el que se ve que existe de alguna forma un acuerdo tácito entre las empresas para mantener la misma práctica, por lo que se impone la necesidad de que el ente regulador, que en este caso debiera ser la Superintendencia de Telecomunicaciones, impulse las medidas para obligar a que se proteja al usuario que está en permanente riesgo de vida porque el negocio de los celulares robados es floreciente. Ojalá que en este tema, como en el del cobro del tiempo de llamada, la competencia obligue a los cambios, antes de que los mismos tengan que llegar por imposición del ente regulador.