La semana que recién concluye fue agitada en materia de la economía popular, hasta el punto que los argumentos utilizados para las recientes rebajas impositivas del primer decreto legislativo del año, tienen como considerando importante la merma del poder adquisitivo del quetzal, lo que se ha venido convirtiendo en un reclamo popular.
Y como era de esperarse no faltan entonces aquellos corifeos prestos a entrar en las columnas mediáticos, defendiendo la rígida posición de que eso de la inflación son “puras percepciones”, y que los políticos y otros entes, salvo el banco central, deben estar fuera de ese problema de origen “tecnocrático”, que nadie entiende bien.
Si bien, algunos de estos personajes se atreven a comparar el tema de los exiguos ingresos de la mayoría de guatemaltecos con el hecho de algunas alzas de precios, se minimiza el análisis y la interpretación, con argumentos como el siguiente: “el alto costo de la vida siempre ha aparecido –durante décadas- como uno de los problemas que más aquejan a los guatemaltecos en las encuestas, sin importar o no que los datos indiquen o no que hay inflación”, tal y como lo afirma Mario García Lara en una columna reciente.
Pero es que resulta ser que en el devenir diario de los precios y en la actual realidad, poco vale hilar fino de si hay o no inflación, y qué es “macroeconómicamente hablando” la inflación. Lo que sí vale es ratificar y advertir que los políticos y otros entes públicos fuera del Banco de Guatemala tienen una harta responsabilidad en lo que está pasando con el acelerado deterioro del poder adquisitivo de los hogares populares.
Y como en este país “somos legalistas y formalistas hasta el copete”, bien vale la pena recitar algunos artículos de la Ley del Organismo Ejecutivo que permiten comprender el alcance de las luchas institucionales y sociales por ponerle coto a los abusos distributivos, que devienen de cuellos de botella de los incipientes mercados guatemaltecos, cargados de fuerzas monopólicas y búsqueda de rentas y ganancias basadas en el poder e influencia.
La ley citada le ordena al Ministerio de Economía a cumplir con el régimen jurídico relativo a las actividades productivas no agropecuarias, mientras que al MAGA le ordena hacer lo mismo con las agropecuarias.
Le ordena también velar por el comercio interno y externo y, léase bien: LA PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. Además, le ordena a dicho Ministerio el fomento de la competencia de mercados, pues recordemos también que nuestra Constitución prohíbe el funcionamiento de los monopolios. A este respecto, también le ordena al Ministerio de Economía el fomento de la industria nacional y de la competitividad.
Está claro entonces que los políticos, el Congreso de la República y sus comisiones, y otros entes manejados hoy por el partido que gobierna, deben estar preocupados por temas como: el acaparamiento, la especulación, las deficiencias de la oferta alimenticia, y otros cuellos de botella que, gota a gota, hacen de las pequeñas escaladas de precios, un colador de grandes hoyos en el bolsillo de los guatemaltecos.
Debemos quitarnos entonces ese dogma que receta estar subiendo tasas de interés para combatir el alza de los aguacates, y hacer las del avestruz con fallas del mercado y de la producción en el medio.