Los desafí­os que aguardan a la nueva Ministra de Gobernación


A nueve meses del traspaso de mando, el Gobierno de la República se ve obligado a replantear la conformación de su gabinete de seguridad, a nombrar nuevas autoridades encargadas del sistema y a demostrar cuál es la visión que se tiene en Casa Presidencial de cómo actuar frente al desafí­o que presenta la actual crisis.


En el presente análisis, el ingeniero y sociólogo Ricardo Marroquí­n, fundador de la Secretarí­a de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia, SAAS, integrante del Centro de Estudios Estratégicos y de Seguridad para Centroamérica, señala cuáles son los retos que debe emprender la nueva Ministra de Gobernación, Adela de Torrebiarte, y las acciones que los partidos polí­ticos tendrán que desarrollar para crear el sistema nacional de seguridad, con miras a una polí­tica de largo plazo.

¿Qué hereda el ex ministro de Gobernación, Carlos Vielmann, a Adela Torrebiarte?

Lo que hoy está heredando al nuevo responsable de la cartera de Gobernación es una institución colapsada, que es parte de un Estado fallido que requiere de una reforma profunda.

El Ministerio ha perdido credibilidad ante la opinión pública y la comunidad internacional. La presencia de «escuadrones de la muerte» en el interior de la PNC y del propio Ministerio de Gobernación es un hecho de graví­sima importancia, que afecta profundamente el Estado de derecho y el mismo orden democrático.

¿Cómo evalúa a la PNC?

La PNC es una institución porosa que carece de mí­stica, disciplina y de una estructura jerárquica adecuada y eficiente, existen entre sus miembros altos niveles de corrupción y de descomposición, como ejemplos: el asesinato de los diputados salvadoreños, el posterior ajusticiamiento de los policí­as implicados en el caso, el ajusticiamiento de reos en Pavón, la fuga masiva de reos, etc.

Los escuadrones de la muerte en las fuerzas de seguridad a cargo de la limpieza social (ejecuciones extrajudiciales, según la ONU), especialmente contra maras y miembros del crimen organizado, ha profundizado la descomposición de la PNC.

¿Está ganando el pulso el crimen organizado?

El crimen organizado ha alcanzado mayores niveles de organización, muestra de lo mismo son los más bajos niveles de incautación de droga de los últimos 3 perí­odos presidenciales.

¿Y las maras?

El fenómeno de las maras y la acción represiva que el Estado ha aplicado para combatirlo ha generado mayores y mejores niveles de organización en las mismas. Se ha criminalizado la lucha social; los sucesos de la finca Nueva Linda son un ejemplo claro de ello.

LOS MíS ALTOS íNDICES DE VIOLENCIA DESPUí‰S DE LA FIRMA DE LA PAZ

o Perí­odo ílvaro Arzú13582 homicidios en 4 años

o Perí­odo Alfonso Portillo14002 homicidios en 4 años

o Perí­odo í“scar Berger15730 homicidios en 3 años

o 17 muertes violentas cada dí­a en 2006, en México 9

o Homicidios de mujeres: 582 en 2006, el más alto desde el 2001

o Homicidios de niños: 525, el más alto de América Latina

o Más del 90% de homicidios por armas de fuego

o Costos de la Violencia, en 2005, fue de Q 17 mil millones, según informe de PNUD.

o Impunidad en el 97% de los homicidios, según ICCPG

¿Hay polí­ticas que pueden ser rescatadas por la nueva administración?

Los altos niveles de inseguridad que vivimos actualmente en Guatemala y la crisis de las instituciones de seguridad son consecuencia de las polí­ticas gubernamentales implementadas hasta la fecha.

No existen polí­ticas de seguridad preventiva, investigación criminal, ni de fortalecimiento de las instituciones civiles de seguridad.

Se ha utilizado la violencia y la muerte como mecanismo de enfrentar la conflictividad.

Existe una polí­tica institucional represiva con métodos ilegales de utilización de violencia con total impunidad.

¿La polí­tica de militarización y privatización de la PNC afectó el desarrollo de la propia institucionalidad?

Incorporación inadecuada de ex militares en puestos clave, sin haber pasado por un riguroso proceso de selección y de la formación y entrenamiento respectivo, aproximadamente 30 ocupan puestos importantes en inspectorí­a, subdirecciones y asesorí­as a la Dirección General.

Los patrullajes conjuntos como medida temporal que se han convertido en polí­tica permanente, con la creación de la fuerza militar de tres mil militares en seguridad ciudadana.

La negativa a implementar la Inteligencia Civil y la polí­tica de apoyarse en la inteligencia militar y privada.

Fuerzas «especiales» antisecuestros con participación de MP, PNC, Ejército y particulares.

¿Cuáles son las debilidades de la polí­tica de Investigación Criminal y del personal encargado (SIC-DINC 2001-2007)?

De un total de 21,000 agentes únicamente 600 son investigadores.

índice de cinco investigadores por cada cien mil habitantes.

De estos 600 únicamente 435 están prestando servicios activos de investigación.

16 investigadores asignados a muertes violentas de mujeres según la PNC.

El Reglamento Disciplinario aplicado inadecuadamente por el Ministerio de Gobernación, tiene como resultado que de los 1,605 agentes destituidos por la supuesta comisión de diversos actos anómalos, un alto porcentaje sea reinstalado o en proceso de reinstalación. (Fuente: Ministerio de Gobernación).

Actualmente existen 38 investigadores en la ORP para atender aproximadamente 1,624 denuncias del 2006. (Fuente: IMASP).

60 casos de agentes policiales muertos en 2006, algunos de los cuales habí­an presentado denuncias a la ORP. (Fuente: OACNUDH).

¿Existe una polí­tica de ejecuciones extrajudiciales?

Existe una comprobada participación de miembros de la institución policial en ejecuciones extrajudiciales.

Los casos de los diputados salvadoreños, Pavón, El Boquerón y SAIA, evidencian las prácticas de limpieza social y deja al descubierto las estructuras dentro de la PNC.

Según la PNC, de las 5,885 muertes violentas ocurridas en 2006, 1,337 personas estaban involucradas en actividades delictivas.

No existe investigación sobre estos casos, los expedientes son archivados.

¿Hubo realmente cambios dentro del Sistema Penitenciario?)

Según estadí­sticas de ICCPG de junio de 2005 a febrero de 2007, 64 personas privadas de libertad fueron ejecutadas en las cárceles de Guatemala.

Responsabilidad y complicidad de las autoridades en los casos del centro de menores Gaviotas, 19 de septiembre de 2005, 12 pandilleros asesinados y 28 lesionados; Pavón 25 de septiembre de 2006, 7 reos ejecutados; El Boquerón, 4 detenidos ejecutados. Persisten además condiciones de hacinamiento, prebendas y disciplina a cargo de reclusos.

La aprobación de la Ley del Sistema Penitenciario representa una oportunidad para una reforma penitenciaria.

RECUADRO #2—–RECUADRO #2——-RECUADRO #2

Empresas de seguridad privada, sin control

* Existen alrededor de 150 mil agentes privados,

* De estos solo 30 mil están registrados en el DECAM

* La Oficina de Control de Policí­as Privadas de la PNC solo cuenta con seis agentes

* Se ha obstaculizado la inscripción de nuevas empresas de seguridad privada, lo cual fomenta el trabajo ilegal en ese medio.

* Una polí­tica positiva, pero que en la realidad contó con poco apoyo es la modalidad de seguridad comunitaria. Esta fue asumida a escala y no estaban en el centro del concepto de seguridad que manejó el Ministerio. En ella se cuentan las Juntas Locales de Seguridad, los comités únicos de barrios en la ciudad y la organización de comités de seguridad en algunos Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. Se trata de acciones que Gobernación debe emprender en forma conjunta con gobiernos municipales y otras formas de poder local.

¿Cuál debe ser la visión de quienes conformen el equipo de trabajo?

La visión del equipo de trabajo del Ministerio tiene poca importancia, lo toral del asunto es la visión que se tiene en casa presidencial de cómo actuar frente al desafí­o que presenta la actual crisis. Nuestra propuesta (CEESC) tiene dos ví­as:

Visión de corto plazo para paliar la crisis y entregar al próximo gobierno una situación atenuada.

Visión de mediano y largo plazo para refundar y crear las instituciones que se requieren para garantizar la seguridad ciudadana.

La fundación de un Sistema Nacional de Seguridad, con instituciones y aparatos altamente calificados, con cobertura nacional y de naturaleza centralizada, capaces de operar ?en un régimen de control democrático y judicial? bajo reserva, sigilo y secreto de la información.

El impulso de una eficaz polí­tica social que actúe directamente en la prevención del delito. En ambos casos se requiere un equipo que esté revestido de dos calidades: a) compenetración con el concepto de seguridad democrática, es decir, el entendimiento que no hay seguridad fuera de la democracia y que el ejercer con firmeza y drasticidad la observancia de las normas legales, es paralelo a la observancia de los derechos humanos. b) conocimientos y capacidad técnica en materia de seguridad ciudadana, para poder manejar adecuadamente los instrumentos del sistema de seguridad.

Qué debe hacerse de inmediato en la Policí­a Nacional Civil y el Sistema Penitenciario.

Existen abundantes diagnósticos y paquetes de recomendaciones de medidas a tomar para la depuración, reorganización y fortalecimiento de la PNC y del Sistema Penitenciario. Muchos de esos estudios y propuestas fueron trabajados por POLSEDE, POLSEC y el mismo CEESC. Algunas de ellas están contenidas en la propuesta del Sistema Nacional de Seguridad y otras leyes que considera el Congreso. Lo que ha faltado es voluntad polí­tica para aprobar e implementar dichas leyes.

Algunos puntos son:

* Terminar de inmediato con la polí­tica de limpieza social.

* Devolver la institucionalidad a la PNC, nombrando personal de carrera y de reconocida honorabilidad en los principales puestos de la institución.

* Elevar los salarios de los agentes policiales y equiparar los salarios de los oficiales PNC con los del Ejército de Guatemala.

* Terminar de inmediato con la polí­tica de limpieza social.

* Dar inicio a una depuración seria y efectiva de los miembros de la Policí­a Nacional Civil, PNC, así­ como de los funcionarios y asesores que estén involucrados en actos reñidos con la ley, principalmente de aquellos señalados de pertenecer al crimen organizado o participar en ejecuciones extrajudiciales o violaciones a derechos humanos. Esta depuración debe ser acompañada por la PDH, por una comisión especial de los diferentes órganos del Estado y por la sociedad civil, además se puede buscar el apoyo y acompañamiento de la comunidad internacional.

* Dar fin a los patrullajes del Ejército nacional y de los combinados con la PNC.

* Disminuir progresivamente los asesores militares de la PNC y del Sistema Penitenciario

QUí‰ HACER EN NUEVE MESES

Aunque el perí­odo es corto, algunas medidas como la aprobación de las leyes e instalación del Sistema Nacional de Seguridad y de la CICIG son imprescindibles y deben estar en pleno funcionamiento a finales de año. Pero un esfuerzo central y urgente es la depuración de la PNC de los «escuadrones de la muerte» en su seno y el cese de las ejecuciones extrajudiciales. De allí­ la importancia de los nombramientos en la PNC.

* Detener el proceso de deterioro de la seguridad ciudadana

* Detener el proceso de deterioro y descomposición de la PNC y Sistema Penitenciario

* Iniciar una reforma policial que incluya la creación de la policí­a de investigación criminal.

* Aprobar la agenda legislativa en seguridad y justicia.

* Fortalecer la capacidad de fiscalización y auditorí­a social de la sociedad civil en temas de seguridad

* Implementar una polí­tica de restricción de armas que incluya un plan nacional de desarme, así­ como la legislación adecuada.

* Implementar las leyes aprobadas: Crimen organizado, sistema penitenciario, Inacif y DIGICI.

* Desmilitarizar la seguridad ciudadana.

* Aprobar e implementar el Sistema Nacional de Seguridad

* Aprobar la agenda legislativa en seguridad y justicia.

¿Es necesario mesa limpia que incluya la depuración de mandos medios en el sistema de seguridad, es factible hacerlo o deben quedarse para no perder la institucionalidad?

No existen condiciones para pensar en repetir el procedimiento que se tomó al final de las negociaciones de paz, de disolver la policí­a existente y crear una nueva. Tampoco es factible ?ello es evidente? depurar a toda la PNC de una sola vez. Además, ha que recordarse que una buena parte de los integrantes de la PNC, quizás la mayorí­a, pueden ser agentes no contaminados y dedicados profesionalmente a su labor. Existen diversos mecanismos que se pueden seguir, para ir depurando paulatinamente. Se va a requerir el acompañamiento y apoyo de la sociedad civil y la comunidad internacional para ese cometido.