Los desafí­os en seguridad y justicia para el próximo gobierno


Sandino Asturias.

Sandino Asturias Valenzuela

Centro de Estudios de Guatemala (CEG)

Centro de Estudios Estratégicos de Seguridad en Centroamérica (CEESC)

Independientemente de quien gane las elecciones el próximo domingo, las nuevas autoridades tienen desafí­os impostergables ante la situación que vive el paí­s en materia de seguridad. Este gobierno deja como herencia los peores í­ndices de violencia de los últimos 25 años, con más de 20,300 homicidios, en el actual perí­odo, siendo el paí­s con los más altos í­ndices de homicidios de mujeres y niños y niñas en América Latina y con las tasas de impunidad en homicidios arriba del 98%.


La primera tarea será dejar atrás la campaña electoral, sus discursos y canciones, que se centraron en ganar votos y no en propuestas reales para resolver la problemática de seguridad. Se debe enfrentar la cruda realidad, un Estado débil y corrompido, con una institucionalidad de seguridad totalmente debilitada, con una ausencia en polí­ticas de seguridad y con el Ejército desgastado desarrollando tareas para las cuales no está preparado.

Aprovechar la CICIG

La CICIG será una gran oportunidad que el Gobierno no puede desperdiciar, tener el apoyo de Naciones Unidas y equipos especializados en investigación criminal, que ayudarán al Estado a desterrar las prácticas de utilizar la violencia y la muerte como mecanismo de enfrentar la conflictividad, es estratégico para el paí­s. De la CICIG se espera recibir apoyo técnico, investigar casos paradigmáticos y recomendar polí­ticas públicas para acabar con la impunidad que impera en nuestro paí­s.

Otro de los temas trascendentales es la profunda crisis en la INVESTIGACIí“N CRIMINAL, es evidente que uno de los problemas más graves del Estado es la impunidad asociada a la violencia, es evidente que las autoridades responsables de la investigación criminal han fracasado y hay que plantear una seria transformación.

Hay varias propuestas para reformar la investigación criminal, una general, que plantea separar la función de prevención de la de investigación en la PNC, también se propone crear una Policí­a de Investigación Criminal, bajo la responsabilidad del Ministerio de Gobernación y otra propuesta al Ministerio Público, esta segunda se discute en el Congreso pero tiene problemas constitucionales. La relación que se pueda establecer con la CICIG puede convertirse en un espacio para discutir el modelo de investigación criminal adecuado para Guatemala.

Mientras se trazan planes para fortalecer las instituciones civiles de seguridad será necesario darle una adecuada funcionalidad a lo que existe, es urgente crear el SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD E INTELIGENCIA, con el Consejo Nacional de Seguridad que será el máximo responsable de las polí­ticas de seguridad y la máxima autoridad para darle coordinación y funcionalidad a las instituciones de seguridad y de inteligencia, así­ como profesionalidad. Existe la Ley Marco de Seguridad en el Congreso a punto de ser aprobada, solo hace falta voluntad polí­tica para contar con este mecanismo que necesita el gobierno para enfrentar los problemas de seguridad.

La refundación y reconversión de la PNC es un asunto de máxima importancia, hay que rescatar la institución, seguir profundizando el proceso de depuración, ahora con mecanismos externos a la Policí­a, se debe desarrollar un plan para fortalecer a la institución financieramente y poner el mejor recurso humano en esta tarea, se debe crear la carrera policial, desarrollando la selección, capacitación, promoción, evaluación y remoción del personal, hay que rescatar la jerarquí­a y los mandos de la PNC deben ser policí­as de carrera, esto es fundamental para preservar la institución.

Control de armas y municiones

No se puede resolver los problemas de inseguridad con una sociedad que se arma dí­a a dí­a y que el Estado ha perdido el control, hay que tomar medidas urgentes para el CONTROL DE ARMAS Y MUNICIONES, así­ como también tener el control de las EMPRESAS PRIVADAS DE SEGURIDAD. Se venden más de 50 millones de municiones al año sin las restricciones mí­nimas y hay 150 mil agentes privados de seguridad sin control del Estado, en ambos casos existen propuestas de Ley en el Congreso desde hace 10 años y ha faltado voluntad polí­tica para aprobarlas. El Organismo Ejecutivo debe desarrollar planes de desarme y control de armas y empresas privadas, así­ como avanzar en la agenda legislativa pendiente.

Estos son los retos que tienen las nuevas autoridades, deben enfrentarlos si quieren responder en lo mí­nimo a las expectativas generadas por la campaña electoral, lo reactivo, violento, militarizado y represivo ha demostrado que no funciona, hay que proponer nuevas soluciones, en el marco de los Acuerdos de Paz y las Reformas a los Sectores de Seguridad y Justicia, hay una reforma pendiente a impulsar e instituciones que fortalecer, ese el camino, la profesionalización y la especialización, no más improvisación porque los resultados serán los mismos.

«El Organismo Ejecutivo debe desarrollar planes de desarme y control de armas y empresas privadas de seguridad, así­ como avanzar en la agenda legislativa pendiente.»

Sandino Asturias.