Sandino Asturias Valenzuela
Centro de Estudios de Guatemala (CEG)
Centro de Estudios Estratégicos de Seguridad en Centroamérica (CEESC)
Las nuevas autoridades tienen desafíos impostergables ante la situación que vive el país en materia de seguridad, la principal herencia del anterior gobierno son los peores índices de violencia de los últimos 25 años, con más de 21 mil 530 homicidios en su período, en el actual gobierno no han bajado estas cifras, sigue siendo el país con los más altos índices de homicidios de mujeres y niños y niñas en América Latina y con las tasas de impunidad en homicidios arriba del 98%.
Se debe enfrentar la cruda realidad, un Estado débil y corrompido, con una institucionalidad de seguridad totalmente debilitada, con una ausencia en políticas de seguridad y con el Ejército desgastado desarrollando tareas para los cuales no está preparado. Combatir a las estructuras que se dedican a las ejecuciones extrajudiciales y la limpieza social deberán ser priorizadas.
La CICIG será una gran oportunidad que las nuevas autoridades no pueden desperdiciar, tener el apoyo de Naciones Unidas y equipos especializados en investigación criminal, que ayudarán al Estado a desterrar las prácticas de utilizar la violencia y la muerte como mecanismo de enfrentar la conflictividad, es estratégico para el país. De la CICIG se espera recibir apoyo técnico, investigar casos paradigmáticos y recomendar políticas públicas para acabar con la impunidad que impera en nuestro país.
Otro de los temas trascendentales es la profunda crisis en la investigación criminal, es evidente que uno de los problemas más graves del Estado es la impunidad asociada a la violencia, es evidente que las autoridades responsables de la investigación criminal han fracasado y hay que plantear una seria transformación.
Hay varias propuestas para reformar la investigación criminal, una general, que plantea separar la función de prevención de la de investigación en la PNC, también se propone crear una policía de investigación criminal, bajo la responsabilidad del Ministerio de Gobernación. La relación que se pueda establecer con la CICIG puede convertirse en un espacio para discutir el modelo de investigación criminal adecuado para Guatemala.
Mientras se trazan planes para fortalecer las instituciones civiles de seguridad será necesario darle una adecuada funcionalidad a lo que existe, es urgente la implementación del Sistema Nacional de Seguridad, el Sistema Nacional de Inteligencia, con el Consejo Nacional de Seguridad que será el máximo responsable de las políticas de seguridad y la máxima autoridad para darle coordinación y funcionalidad a las instituciones de seguridad y de inteligencia, así como profesionalidad, el marco normativo será la Ley Marco de Seguridad en el Congreso aprobada recientemente, el trabajar como sistema deberá ser una prioridad ante la situación de debilidad institucional.
La refundación y reconversión de la PNC es un asunto de máxima importancia, hay que rescatar la institución, seguir profundizando el proceso de depuración, ahora con mecanismos externos a la Policía, se debe desarrollar un plan para fortalecer financieramente a la institución y poner el mejor recurso humano en esta tarea, se debe crear la carrera policial, desarrollando la selección, capacitación, promoción, evaluación y remoción del personal, hay que rescatar la jerarquía y los mandos de la PNC deben ser policías de carrera, esto es fundamental para preservar la institución.
No se pueden resolver los problemas de inseguridad con una sociedad que se arma día a día y que el Estado ha perdido el control, hay que tomar medidas urgentes, para esto hay que aprobar la Ley para el Control de Armas y Municiones, así como aprobar la Ley de Control de los Servicios Privados de Seguridad.
En Guatemala se venden más de 50 millones de municiones al año sin las restricciones mínimas y hay 150 mil agentes privados de seguridad sin control del Estado, en ambos casos existen propuestas de Ley en el Congreso desde hace más de 10 años y ha faltado voluntad política para aprobarlas, el Ejecutivo debe desarrollar urgentes Planes de Desarme y Control de armas y de las Empresas Privadas de Seguridad, así como avanzar en la agenda legislativa pendiente.
Estos son los retos que tienen las nuevas autoridades, deben enfrentarlos si quieren responder en lo mínimo a las expectativas generadas y el apoyo de la sociedad civil en este camino, lo reactivo, violento, militarizado y represivo ha demostrado que no funciona, hay que proponer nuevas soluciones, en el marco de los Acuerdos de Paz y las Reformas a los Sectores de Seguridad y Justicia, hay una reforma pendiente a impulsar e instituciones que fortalecer, ese el camino, la profesionalización y la especialización, no será fácil, pero será peor no intentarlo.