No es una ley perfecta, y como sucede con otras normativas, existen alternativas sucias para evadir las responsabilidades impuestas por la ley. Eso de hecha la ley, hecha la trampa. En Dominicana, según la Ley 200-04, «toda persona tiene derecho a solicitar y a recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna, de cualquier órgano del Estado, y de todas las sociedades anónimas, compañí­as anónimas o compañí­as por acciones con participación estatal».

Traigo a colación el caso de los dominicanos, a propósito de un poco más de un mes que esa misma normativa se incluyó en el paí­s y donde cada dependencia pública habilitó una pequeña oficina para atender a cualquier persona que requiera conocer en qué se están invirtiendo sus impuestos.

Hay una anécdota en ese paí­s. Un periodista motivado por la incongruencia de las declaraciones dadas por el equipo del Gobierno de Leonel Fernández, por la construcción del Metro de Santo Domingo en donde, por la precipitación polí­tica de darle vida al megaproyecto, se obviaron estudios de impacto. El Ejecutivo aseguraba que contaban con los mismos, pero nunca los hicieron públicos.

Este periodista decidió utilizar la casi abandonada Ley de Libre Acceso a la Información y solicitó que le fuesen entregadas las copias de los estudios; pasó el tiempo estipulado, y la respuesta fue que «se trataban de documentos confidenciales», contradiciendo la esencia de la ley.

Bueno, sin cruzar los brazos, accedió a los recursos legales a su alcance y apeló a la Corte de Justicia, quien resolvió a su favor, obligando al Gobierno entregar las copias. La sorpresa fue que esos estudios nunca existieron y sólo les quedó reconocer su mentira.

Ese hecho motivó a otros sectores de la sociedad para utilizar la normativa, y poco a poco fueron apareciendo solicitudes en distintas dependencias. Unos jóvenes solicitaron las planillas de los diputados, al negárseles, acudieron a la Corte y fallaron a su favor, al igual que el periodista, los congresistas tuvieron que entregar los detalles salariales.

El ejemplo anterior, habrí­a que trasladarlo al paí­s, donde a más de un mes o dos de la instalación de oficinas las solicitudes son escasas, quizá porque no hubo una campaña adecuada para su utilización, o no hay mucho interés en saber cómo se despilfarran los recursos estatales.

La moraleja de esta historia es que los derechos son como las tuberí­as: si no se usan, se tapan. Vale la pena intentar visitar las oficinas de libre acceso a la información y solicitar datos sobre algo que huele a corrupción.