El récord de Otto Pérez, a la mitad de su período, es realmente lamentable. Por un lado, es claro que el curso que se toma en el Ejército ignora absolutamente que existen derechos económicos, sociales y culturales. Así, el gobierno ignora los derechos a la educación (insiste en su insostenible reforma), a la alimentación (hambruna, desnutrición y miseria), a la vivienda (déficit habitacional y tugurios), al trabajo y a la organización de los trabajadores, a la tierra para fines de identidad y productividad de los pueblos indígenas, al desarrollo (con efectos en la migración y en la violencia), a la justicia (impunidad de los asesinos durante el conflicto) y otros derechos consagrados por las Naciones Unidas.
Aún si nos concentráramos solamente en las violaciones del derecho a la vida, en general, y por agentes del Estado en lo particular, la situación a la cual nos ha llevado el gobierno del PP es insoportable, al punto que quizás la población tenga que lanzarse a la calle a pedir la renuncia de Presidente y Vicepresidenta. El informe del GAM para 2013, al 27 de noviembre, dice, con respecto a las muertes por violencia: “En once meses de 2013 se ha reportado un 2% de incremento en relación con el año anterior”. Efectivamente, en 12 meses de 2012, hubo 5480 muertes violentas (15/día), mientras que en solamente 11 meses de 2013 los muertos fueron 5570 (17/día). Después de haber sacado militares a la calle, implantado antojadizos estados de sitio y toques de queda, mostrarse como campeones contra el crimen organizado y haber trasladado cuantiosos recursos al Ejército, la situación va de mal en peor. Entre los más de 10 mil muertos, destacan los asesinatos por violencia política, tanto las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por agentes del Estado como la eliminación de dirigentes y activistas del movimiento social y fuerzas políticas mediante el uso de sicarios. Esto hace necesario que en próximos días se vuelva a construir un Frente contra la Represión, porque aparte de la violencia también se persigue judicialmente a los líderes sociales. Es la opción de los perseguidos, porque desde la acción militar en Alaska, en Totonicapán, hasta los asesinatos en Quiché, por asesinos a sueldo, el gobierno actual ha alentado o permitido que el país se tiña nuevamente de sangre por violencia política en los cuatro puntos cardinales. El Ministro de Gobernación tendría que haber sido expulsado de su cargo hace mucho tiempo, aunque el racismo y el desprecio por los derechos humanos no es exclusividad de él. Aún en la llamada Secretaría de la Paz está a cargo el campeón de la impunidad, quien niega la existencia del comprobado genocidio.
Otras esferas del gobierno son igualmente impresentables, como el caso de la Vicepresidenta, quien ahora se presenta como víctima de la “violencia” de periodistas contra ella. En verdadera aberración jurídica, esta señora lleva su querella a un tribunal establecido para casos de femicidio, el cual curiosamente la ampara. Eso es hacer una burla de este terrible fenómeno, del cual lamentablemente Guatemala ha pasado a ser el peor caso en el continente. Mientras que ella se queja de las acusaciones que los periodistas le hacen, con bastantes elementos de prueba, de los niveles de corrupción, enriquecimiento y manejo de influencias que son ya vox populi y motivo de preocupación internacional (quizás será caso de extradición en un futuro cercano), el país pasó de tener 631 asesinatos de mujeres en 2012 a la pavorosa cifra de 715, hasta noviembre de 2013. ¿Qué ha hecho la señora Baldetti con relación a estos crímenes?
¿Qué hace Otto Pérez para que nuestro país deje de ser peor que Ciudad Juárez en México como cementerio de mujeres? No más baño de sangre, los militares tienen que dar paso a los humanistas, ya sea por corrección de políticas o por renuncia.