Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también son conocidos con la denominación de los derechos humanos de segunda generación o simplemente Derechos Sociales. Su finalidad es darle sustento material a los derechos civiles y políticos, particularmente a la libertad, o sea, crear las condiciones materiales, sociales y culturales para que las personas puedan ser libres.
Existe el convencimiento que sin alimentos, vivienda, trabajo, educación, salud, ingreso, formas y medios para acceder a la cultura, entre otros, ninguna persona puede ser libre.
Las primeras consecuencias de la Revolución Industrial dieron lugar a condiciones durísimas y muchas veces infrahumanas, que ponían de manifiesto la insuficiencia de los derechos individuales si la democracia política no se convertía, además, en democracia social.
Los derechos económicos, sociales y culturales, fueron una exigencia que comenzó a gestarse en 1848 con el movimiento revolucionario de la Comuna de París. Algunos estudiosos expresaron la preocupación por la brutal explotación de los obreros, por las prolongadas jornadas de trabajo, y los salarios miserables que apenas les alcanzaban a efecto de obtener los medios de subsistencia indispensables para vivir.
Un paso muy importante en la evolución de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, fue la Constitución de Querétaro, México, de 1917, que es el primer intento constitucional de conciliar los derechos civiles y políticos con la nueva concepción de los derechos sociales.
La experiencia de la Revolución Rusa de 1917 es otro de los antecedentes importantes en el proceso de formación de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
La Constitución de Guatemala de 1945, producto de la Revolución del 20 de Octubre de 1944, es asimismo un cuerpo legal que le da sustento a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, especialmente los relativos al trabajo, el acceso a la enseñanza gratuita en los establecimientos públicos y el acceso a la seguridad social.
En la actualidad, entre los derechos sociales más vulnerados en nuestro medio destaca el Derecho a la Salud que se ha convertido en un floreciente negocio con el cual algunos profesionales y algunos empresarios se están enriqueciendo.
En el contexto de este negocio se ubican los altos precios de las medicinas, los elevados montos que cobran muchos de los médicos particulares cuando se trata de consultas de los pacientes, así como las exorbitantes tarifas que aplican los hospitales y sanatorios privados en donde los diferentes servicios cuestan un ojo de la cara.
Los servicios públicos de salud afrontan muchas debilidades y aun los del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en el que los afiliados pagan sus cuotas mensuales, existe una deficiente atención en el marco de muchas trabas burocráticas.