Existe una tendencia generalizada a considerar a los emigrantes como una fuerza de trabajo complementaria y a asignarles los trabajos que menos interesan a los nacionales del país de acogida.
Durante todo el siglo XIX y principios del siglo XX millones de europeos emigraron a distintas ciudades de América, desplazados por las precarias condiciones económicas, creciente desempleo y hambruna que se desató durante esos años en el Viejo Continente. Cuando los desplazados de Europa llegaron a América fueron bienvenidos, pronto se adaptaron, encontraron puertas abiertas para rehacer sus vidas, y se respetó su dignidad de personas.
Al iniciarse el siglo XXI los europeos tienen amnesia, la aprobación por parte de la Unión Europea de la «Directiva de retorno», es un revés a los Derechos Humanos en tanto es muestra de discriminación y xenofobia por los efectos negativos que acarrea.
Uno de los efectos inmediatos que sufren los trabajadores migratorios es la discriminación en la esfera del empleo, que adopta muchas formas; por ejemplo, exclusiones o preferencias respecto al tipo de trabajo que pueden desempeñar y dificultades para acceder o continuar con la formación profesional. Un ejemplo es esta ley, que aplica normas diferentes a los nacionales y a los inmigrantes en lo se refiere a la estabilidad laboral. Los emigrantes son criminalizados, privados de ciertas ventajas, de beneficios laborales y de seguridad social.
Hay otras normas jurídicas y administrativas que obligan a los trabajadores migratorios a permanecer en determinadas ocupaciones y en regiones concretas, así como desigualdades en salario y categoría por un trabajo idéntico. Existe una tendencia generalizada a considerar a los emigrantes como una fuerza de trabajo complementaria y a asignarles los trabajos que menos interesan a los nacionales del país de acogida.
Con frecuencia las condiciones de vida de estos trabajadores son insatisfactorias. Bajos salarios, alquileres elevados, escasez de vivienda, el tamaño de las familias, los prejuicios locales contra los extranjeros en la comunidad, la xenofobia y la marginación, son los principales factores que se combinan para crear graves problemas de alojamiento, inserción social y adaptación.
Aunque los trabajadores migratorios contribuyen a la seguridad social, ni ellos ni sus familias gozan de los mismos beneficios ni del acceso a los servicios sociales que los nacionales del Estado receptor. En algunos casos hasta se les niega los servicios de salud y la educación a los niños y niñas.
La decisión injusta e inhumana de la Unión Europea, niega el valor que tienen las fuentes históricas de los derechos humanos, cuya génesis se ubica en países europeos, como la Carta Magna de 1215 en Inglaterra, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 en Francia, la Constitución de Weymar de 1920 en Alemania o la Declaración de los Derechos del Buen Pueblo de Virginia, proclamada en 1776 por los emigrantes ingleses llegados a América.
Solamente entendemos esta paranoia xenófoba de los europeos y los estadounidenses, por el hecho de que varios países de Europa están gobernados por políticos conservadores y racistas, cuyas medidas recrean los tiempos bárbaros del fascismo. Hace falta que los pueblos y gobiernos de América hagan valer los derechos de sus connacionales, con una misma bandera y una misma voz que se levante con dignidad para exigir a Europa y Estados Unidos respeto a los derechos humanos.