En medio de la fuerte avalancha de críticas, unas justificadas y otras no, en contra de algunas de las acciones del régimen del presidente ílvaro Colom Caballeros, casi ha pasado inadvertida la orden del gobernante prohibiendo efectuar cobros en los hospitales nacionales, en otras palabras, que los servicios deben ser gratuitos.
Sin duda, se trata de una disposición en la línea correcta, que se fundamenta en la Constitución Política de Guatemala que en su artículo 93 garantiza el derecho a la salud. Además de ello, en el artículo 94, la Carta Magna establece la obligación del Estado sobre salud y asistencia social. En uno de sus párrafos dice: «El Estado velará por la salud y la asistencia social de todos los habitantes».
Y por si lo anterior fuera poco, el amplio catálogo de derechos humanos contenidos en diferentes convenios internacionales aprobados y ratificados por Guatemala, reitera el principio de que el Estado debe proteger la salud de los habitantes. Por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, estipula en su artículo 12 que los Estados partes están comprometidos a crear las condiciones para asegurar a todos los habitantes asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad.
La mala salud causa pobreza y contribuye a ella destruyendo los medios de subsistencia, además de reducir la productividad del trabajador. También rebaja los niveles de enseñanza y limita las oportunidades. Hay que entender que la salud precaria es a la vez causa y consecuencia de la pobreza, pues los enfermos corren más peligro de convertirse en pobres y las personas que viven en la pobreza son más vulnerables a la enfermedad y a la discapacidad.
Las metas en materia de salud ocupan un lugar destacado entre los objetivos de Desarrollo del Milenio que han de lograrse en todo el mundo para el año 2015. La Declaración del Milenio de las Naciones Unidas subraya la importancia del derecho a la salud en relación con la reducción de la pobreza.
De manera que la orden presidencial para que los servicios hospitalarios sean eficientes y gratuitos, debe acatarse en forma inmediata. El Gobierno tiene que actuar con energía para que la disposición sea efectiva, ante todo porque la misma choca con muchos intereses. Para ninguno es un secreto que la creación de los polémicos patronatos a los cuales se atribuyen los cobros disfrazados de donaciones por los diferentes servicios, forman parte de una perversa estrategia de los pasados gobiernos neoliberales para privatizar de manera encubierta los hospitales del Estado. El presidente Colom debe hacer realidad la aspiración del derecho a la salud sin discriminación.